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Regula el recurso de casación civil ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Establece el objeto, el ámbito de aplicación, los motivos para recurrir, el interés casacional y las causas de inadmisión. Sustituye la aplicación directa de la Ley de Enjuiciamiento Civil en esta materia.

Modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género para mejorar la protección de los hijos e hijas menores de edad que quedan huérfanos cuando su madre es asesinada por violencia de género. Incluye medidas sobre pensión, trámites sucesorios y asistencia jurídica.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra un artículo del Real Decreto-ley 16/2021, que modificó la redacción de los apartados 1 y 7.c) del artículo 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, sobre medidas sociales y económicas frente al COVID-19.

El Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión interna de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por posible vulneración de artículos de la Constitución. Quienes sean parte en el recurso de amparo relacionado pueden personarse en el plazo de quince días.

España acepta que Vietnam se sume al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles o mercantiles. El Convenio entre ambos países entra en vigor el 13 de marzo de 2022.

Modifica el Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil para dejar de tratar a los animales como cosas y reconocerlos como seres vivos dotados de sensibilidad. Cambia su clasificación jurídica y las reglas sobre bienes y procesos judiciales que les afectan.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 21/2021, que prorroga medidas de protección social para situaciones de vulnerabilidad social y económica. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

España acepta que Nicaragua se sume al Convenio de La Haya de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero en asuntos civiles o mercantiles. El Convenio entrará en vigor entre ambos países el 31 de agosto de 2021.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.

Reforma el Código Civil y las leyes procesales para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con apoyos en lugar de sustituciones. Sustituye la tutela por medidas como la curatela, la guarda de hecho y los apoyos voluntarios, y adapta la ley a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en vivienda y transportes. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica el Real Decreto-ley 11/2020 para ampliar medidas de protección de arrendatarios vulnerables, como la suspensión de desahucios y lanzamientos. También regula el reequilibrio económico de contratos públicos de transporte de viajeros por carretera y modifica la ley de defensa de consumidores.