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Fija el reparto definitivo de 2.000 millones de euros del tramo 3 del Fondo COVID-19 entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Este tramo se distribuye según criterios ligados al gasto en educación. El pago se hará antes de que acabe septiembre de 2020.

Establece un régimen de infracciones y sanciones en las Illes Balears para castigar el incumplimiento de las normas dictadas para frenar la crisis de la COVID-19. Fija qué conductas se consideran leves, graves o muy graves, las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

Modifica los presupuestos de la Región de Murcia para 2020 para facilitar el uso de recursos públicos frente al COVID-19. Permite mover dinero entre partidas con menos límites y exime de ciertas restricciones a los fondos del Fondo COVID-19.

Modifica la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia y el Decreto 48/1998 sobre protección frente al ruido. Regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, desde la solicitud de inicio hasta la aprobación y publicidad.

Aprueba un sexto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del coronavirus. Incluye compensaciones a concesionarias de transporte interurbano, ajustes en la renta garantizada, autorizaciones excepcionales para energía eólica y varias medidas tributarias y de apoyo al personal sanitario y a las empresas.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija los criterios de reparto entre las comunidades autónomas y la distribución resultante de 40 millones de euros para el programa educativo #PROA+ del curso 2020-21, creado por la pandemia de COVID-19.

Crea complementos de productividad extraordinarios para el personal sanitario y para el personal de centros residenciales de servicios sociales que trabajó durante la pandemia de COVID-19. Fija las cuantías de estos complementos y regula quién los recibe y cómo se financian.

Modifica la Ley 18/2009 de salud pública de Cataluña y adopta medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de COVID-19. Regula la actuación de las autoridades sanitarias ante emergencias sanitarias y enfermedades transmisibles.

Actualiza la lista de medicamentos considerados esenciales para tratar a pacientes de COVID-19 durante la crisis sanitaria. Los fabricantes y titulares de autorización de estos medicamentos deben informar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre sus existencias y suministros.

Establece las bases reguladoras y abre la convocatoria de 2020 para dar apoyo financiero a inversiones industriales. El objetivo es impulsar la reindustrialización y mejorar la competitividad de la industria, en el contexto de la crisis del COVID-19.

El Acuerdo autoriza a la Comisión Europea a negociar y firmar, en nombre de los Estados miembros participantes, acuerdos de compra anticipada de vacunas contra la COVID-19 con los fabricantes. La compra de las dosis corre a cargo de los Estados miembros, que mantienen sus competencias de vacunación.

Establece los controles sanitarios que deben pasar los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima antes de entrar en el país. Incluye toma de temperatura, control documental mediante un formulario de salud pública y control visual, y deroga la resolución anterior de 29 de junio de 2020.

Establece medidas tributarias urgentes en Cataluña: retrasa al 1 de enero de 2021 la subida de tarifas del impuesto sobre estancias turísticas y el recargo de Barcelona, fija nuevos plazos para autoliquidaciones suspendidas y ajusta el aplazamiento del canon del agua para pequeñas empresas y autónomos.

Establece medidas sanitarias y administrativas para mantener el control de la respuesta a la COVID-19 en Cataluña. Incluye el uso de recursos de centros sanitarios privados, la habilitación de espacios para uso sanitario y la intervención de centros residenciales, entre otras medidas.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública restablece medidas para los Registros de Lleida y municipios del Baix Segrià por los rebrotes de COVID-19. Emite certificados para el desplazamiento del personal registral, prorroga el plazo de calificación y despacho y fija la atención al público por vía telemática y telefónica.

Publica las directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación frente a la COVID-19, acordadas por el Comité Español de Facilitación del Transporte Aéreo. Incluye normas obligatorias y recomendadas para aeropuertos y compañías aéreas, y una declaración de cumplimiento.