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El Convenio fija las condiciones para construir una nueva interconexión eléctrica de 220 kV entre Adrall (España) y la frontera de Andorra. Incluye la ampliación de la subestación de Adrall y regula la financiación, el impacto en la retribución de REE y la resolución de controversias.

Crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español. Mediante subastas se retribuye a instalaciones que aporten potencia firme y respaldo al sistema, para garantizar la seguridad de suministro ante la mayor presencia de renovables.

Declara «instalaciones energéticas estratégicas» los proyectos de generación renovable y almacenamiento que ganen capacidad de acceso a la red en nudos de transición justa. Esa declaración los convierte en «proyectos energéticos preferentes» y da urgencia a sus trámites de autorización y evaluación ambiental.

Regula cómo las empresas titulares de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica presentan y obtienen aprobación de sus planes de inversión anuales y plurianuales. Fija los límites máximos de inversión con derecho a retribución con cargo al sistema y el control de su ejecución.

Modifica dos reales decretos que regulan subvenciones directas con fondos del Plan de Recuperación. Estas subvenciones financian inversiones de digitalización de redes de distribución eléctrica, infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico y proyectos estratégicos en la red de transporte eléctrica.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece que las empresas concesionarias del transporte interurbano de viajeros por carretera en Cataluña deben presentar planes para descarbonizar su flota de vehículos y mejorar la información a los usuarios. Regula el contenido de esos planes, su presentación, valoración, resolución, seguimiento y las consecuencias de no cumplirlos.

Modifica los anexos I, II y III del Real Decreto 309/2022, que regula la compensación de costes indirectos de emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en el precio de la electricidad. Actualiza la lista de sectores industriales expuestos a riesgo de fuga de carbono y los parámetros del mecanismo para el periodo 2021-2030.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Fija el reparto entre las empresas del sector eléctrico de las cantidades que financian el bono social y el coste del suministro de electricidad de determinados consumidores vulnerables durante 2026. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propone el reparto y el Ministerio lo aprueba.

Actualiza la lista de sistemas eléctricos aislados de Canarias tras la conexión eléctrica entre Tenerife y La Gomera. Desde ahora, ambas islas forman un único sistema eléctrico aislado. La orden se aplica también a Baleares, Ceuta y Melilla.

Adapta en Navarra las normas del IVA y del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica a los cambios aprobados en el territorio común. Incluye una minoración del 10 % en la base imponible del impuesto eléctrico para 2026 y fija el tipo de IVA aplicable a determinados productos energéticos.

Modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular la multirreincidencia en delitos contra el patrimonio. Introduce cambios en varios artículos del Código Penal y nuevos supuestos agravados, como el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con datos personales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Fija para 2026 el objetivo de ahorro energético del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, la obligación de ahorro de cada empresa obligada y la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Parte de la obligación se puede cumplir con Certificados de Ahorro Energético, con una aportación económica mínima al Fondo.