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Modifica las bases reguladoras y la convocatoria de 2022 de las ayudas del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Permite que los beneficiarios elijan libremente al auditor que revisa la cuenta justificativa de la subvención, entre los inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Establece las instrucciones técnicas para que los operadores de puntos de recarga eléctrica de acceso público envíen información dinámica (localización, características, disponibilidad y precio) al Sistema de Gestión y Visualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, gestionado provisionalmente por Red Eléctrica de España.

Aprueba cambios en varios procedimientos de operación del sistema eléctrico para aplicar la liquidación de desvíos en periodos de quince minutos. El operador del sistema calculará y publicará la medida cuarto-horaria de las unidades de programación a partir de datos de contador o por interpolación lineal.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid sobre ordenación del territorio, suelo y urbanismo, medio ambiente, energía, agua, bienestar animal y calidad alimentaria. Crea los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales y ajusta trámites y competencias en estas materias.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2025 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de combustibles) su cuota de ahorro. Establece cuánto deben aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y permite cubrir parte de la obligación con Certificados de Ahorro Energético.

Modifica la Circular 3/2020, que fija cómo se calculan los peajes de transporte y distribución de electricidad. Añade una disposición transitoria sobre los peajes aplicables al suministro eléctrico a embarcaciones y fija la entrada en vigor.

Fija en 83,73 euros por MWh el precio medio de la energía para el primer trimestre de 2025. Este precio se usa para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

Actualiza a 0,67 kWh/€ el cociente entre consumo anual de electricidad y valor añadido bruto que deben cumplir las instalaciones para ser reconocidas como consumidores electrointensivos. Este umbral se aplica durante 2025 a nuevas solicitudes y renovaciones de certificados.

La ley regula cómo se valoran y fomentan los beneficios sociales y económicos de los proyectos que usan recursos naturales en Galicia, como las energías renovables y la minería. Integra esa valoración en la evaluación de impacto ambiental y crea instrumentos de participación y financiación.

Aprueba los perfiles de consumo y el método de cálculo para liquidar la energía de los consumidores tipo 4 y tipo 5 que no tienen registro horario de consumo. Se aplica desde el 1 de enero de 2025.