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Establece dos nuevas cualificaciones profesionales de las familias Electricidad y Electrónica, y Energía y Agua, y las incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Además, actualiza y modifica parcialmente varias cualificaciones profesionales de otras familias ya existentes.

Crea tres Oficinas Técnicas dentro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una para cada Comisionado: Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento; Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas; y Economía Circular. Cada oficina dará apoyo técnico y administrativo al Comisionado correspondiente.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Modifica varios reales decretos que regulan títulos de Formación Profesional de grado superior y sus enseñanzas mínimas. Cambia aspectos como la identificación del título, las cualificaciones profesionales, los módulos, el profesorado, las convalidaciones y los anexos. También regula una modalidad destinada al personal militar.

Aprueba enmiendas al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS). Cambian reglas sobre la fuente de energía eléctrica de emergencia en buques de pasaje y de carga y sobre dispositivos de salvamento y radiocomunicaciones.

Actualiza las cuantías que determinan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2024, para adaptarlas a los nuevos umbrales fijados por la Comisión Europea. Sustituye varias cifras en la Ley de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto-ley 3/2020 y en la Ley 24/2011.

Establece nuevas cualificaciones profesionales de 14 familias profesionales y las incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También suprime varias cualificaciones profesionales que habían sido fijadas por reales decretos anteriores.

Fija los precios del gas natural del año 2022 que se aplicarán al calcular la retribución de los grupos generadores de electricidad situados en los territorios no peninsulares. Para ello usa la normativa vigente en cada tramo del año y la metodología de costes del gas en Baleares.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Comunidad de Madrid contra el artículo 3 de la Ley 38/2022. Ese artículo crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Xunta de Galicia contra el artículo 3 de la Ley 38/2022. Ese artículo regula el gravamen temporal energético y de entidades de crédito.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2023 y las obligaciones de ahorro de las empresas comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos y de gases licuados. También establece la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Aprueba los modelos 795, 796, 797 y 798 para declarar e ingresar dos gravámenes temporales: el energético y el de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Fija quién debe presentarlos, los plazos y el procedimiento de presentación electrónica e ingreso.

Crea tres figuras tributarias: un gravamen temporal a las grandes empresas energéticas, otro a las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, y un impuesto temporal de solidaridad sobre las grandes fortunas. También modifica varias normas tributarias, entre ellas las de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Sociedades.

Crea la Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático, un organismo público de La Rioja. La ley fija sus fines, su organización interna, sus recursos económicos y los controles sobre su actividad.

Establece un mecanismo temporal que ajusta los costes de producción de la electricidad para bajar su precio en el mercado mayorista. Fija cómo se calcula ese ajuste, quién lo liquida y cómo se aplica en el mercado ibérico.

La ley establece el marco para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia un nuevo modelo energético en Navarra. Regula la planificación y gobernanza, el impulso de las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad sostenible y la adaptación al cambio climático. Incluye también medidas de información, participación y un régimen sancionador.

Actualiza varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en las familias de Actividades Físicas y Deportivas, Agraria, Energía y Agua, y Hostelería y Turismo. Modifica cualificaciones establecidas en reales decretos anteriores y fija equivalencias entre unidades de competencia suprimidas y las actuales.