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Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Regula la concesión directa de ayudas a proyectos de investigación seleccionados en convocatorias internacionales de la Empresa Común de Chips de la Unión Europea, dentro del programa «UNICO Chips JU -I+D». Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cuenta con financiación de la Unión Europea (Next Generation EU).

Desarrolla la obligación de usar factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales. Regula el sistema español de factura electrónica, las plataformas privadas de intercambio, una solución pública y el cálculo de los plazos de pago. También modifica el reglamento de obligaciones de facturación.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

Fija para 2026 el objetivo de ahorro energético del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, la obligación de ahorro de cada empresa obligada y la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Parte de la obligación se puede cumplir con Certificados de Ahorro Energético, con una aportación económica mínima al Fondo.

Establece las bases para conceder ayudas directas a proyectos españoles seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) en el esquema «Subasta como Servicio», dentro del futuro Banco de Descarbonización Industrial. Las ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de Next Generation EU.

Crea en Navarra un impuesto complementario para que los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud tributen al menos a un nivel mínimo global. Se aplica a grupos con ingresos consolidados de 750 millones de euros o más y sigue las normas modelo de la OCDE y la directiva europea.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias, viento, nieve y otros fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura. Incluye apoyos a personas, viviendas, empresas, explotaciones agrarias y pesqueras, ayuntamientos y medidas fiscales y de empleo.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica el Real Decreto 988/2021 para adaptar las ayudas a comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla que refuerzan la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos. Reduce el número mínimo de actuaciones y actualiza el calendario y la justificación de las ayudas.

Fija una lista de subgrupos de clasificación de contratistas de obras en los que, para acreditar la experiencia y asignar categorías, se tendrán en cuenta las obras ejecutadas en los últimos diez años y en el año en curso, en lugar del periodo general de cinco años.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece las bases reguladoras del programa MOVES Flotas Plus, que da ayudas para electrificar flotas de vehículos ligeros. Las ayudas se financian con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación. Regula quién puede pedirlas, qué costes se subvencionan, cuánto se concede y cómo se solicita, justifica y cobra.

Establece las bases para conceder ayudas públicas a proyectos que impulsen la cadena de valor industrial, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Regula quién puede recibirlas, qué gastos se financian, cómo se solicita y se justifica el dinero y los límites de las ayudas.