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Regula en la Comunidad de Madrid la libertad de las familias para elegir centro educativo y proyecto educativo, sin que el lugar de residencia lo limite. También ordena la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y las medidas de atención a la diversidad.

Modifica por segunda vez la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco. Actualiza artículos sobre participación, subvenciones, contratación pública, empleo, cuidados, violencia machista y atención sanitaria, social, policial y judicial. También cambia otras leyes vascas relacionadas.

Crea dos agencias públicas de Andalucía: la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico (TRADE), que agrupa varios organismos de apoyo a la empresa, y la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA). Regula su naturaleza, fines, órganos de gobierno, personal y recursos.

Fija que la asignatura de Religión y sus alternativas tengan, en todos los niveles educativos de La Rioja, la carga lectiva máxima que la normativa estatal establece como mínima obligatoria. Se aplica desde el curso 2022-2023.

La ley reconoce al profesorado de centros educativos de Andalucía la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. Regula sus derechos, la protección jurídica y psicológica y las medidas de apoyo, así como la responsabilidad por daños a las instalaciones.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Establece el marco para que España reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y avance hacia una economía descarbonizada. Fija objetivos, planificación (Planes Nacionales de Energía y Clima y Estrategia a 2050) y medidas en energía, movilidad, adaptación, transición justa, finanzas, educación e investigación.

Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.

Establece medidas económicas, fiscales y administrativas en Canarias para responder a la crisis del COVID-19. Incluye apoyo a autónomos y al empleo, agilización de contratos y subvenciones, gestión presupuestaria, medidas de personal y ajustes fiscales y educativos.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.