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La orden dispone una segunda liberación de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos por parte de los sujetos obligados. Se liberan seis días adicionales, unos 4,4 millones de barriles, solo de gasóleos y querosenos, en el marco de la acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía.

Regula cómo las empresas titulares de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica presentan y obtienen aprobación de sus planes de inversión anuales y plurianuales. Fija los límites máximos de inversión con derecho a retribución con cargo al sistema y el control de su ejecución.

Modifica dos reales decretos que regulan subvenciones directas con fondos del Plan de Recuperación. Estas subvenciones financian inversiones de digitalización de redes de distribución eléctrica, infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico y proyectos estratégicos en la red de transporte eléctrica.

Modifica varias normas para impulsar la descarbonización del transporte y el uso de combustibles renovables. Fija objetivos de reducción de emisiones para el transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera, y regula la verificación de la sostenibilidad de estos combustibles.

Modifica la Orden TED/72/2023 para adaptar los procedimientos de cumplimiento de las existencias mínimas de seguridad de gas natural a los cambios del Reglamento (UE) 2025/1733. Incluye los objetivos de llenado de almacenamientos para 2026 y una habilitación de desarrollo.

Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

Actualiza el objetivo de venta o consumo de biocarburantes para 2026, modificando el Real Decreto 1085/2015 de fomento de los biocarburantes. Fija las nuevas metas que deben cumplir los proveedores de combustible ese año.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico y otros costes regulados para 2026. También aprueba el reparto de las cantidades para financiar el bono social y el suministro de electricidad de determinados consumidores ese año.

Fija las cuotas que los obligados a mantener reservas de hidrocarburos pagarán a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) durante 2026. Las cuotas se calculan por metro cúbico, tonelada o gigavatio hora vendido o consumido y por día de existencias mantenido. El dinero financia la constitución y conservación de existencias estratégicas.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Establece orientaciones de política energética para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre varias circulares que prevé tramitar en 2025. Estas circulares regulan la retribución del transporte, la distribución y la regasificación de gas natural para el periodo 2027-2032.

El real decreto aprueba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras la crisis de electricidad del 28 de abril de 2025. Incluye mandatos de informe e inspección a la CNMC y al operador del sistema, y simplifica la tramitación para generación renovable y almacenamiento.

Fija para el año de gas 2026 los cargos del sistema gasista, la retribución regulada de los almacenamientos subterráneos básicos y los cánones que se cobran por acceder a ellos. También determina el coste diferencial y la retribución por suministro de gas manufacturado en territorios insulares sin gas natural, que hoy solo ocurre en Tenerife.

El Consejo de Ministros acuerda obligar a los operadores dominantes del sector del gas natural a presentar ofertas de compra y venta en el mercado organizado de gas. La medida busca dar liquidez a ese mercado. Se publica como anexo a la resolución de la Secretaría de Estado de Energía.

Fija los valores del valor de carga perdida y del estándar de fiabilidad en el sistema eléctrico, conforme al Reglamento europeo del mercado interior de la electricidad. Estos parámetros sirven para medir si existe un problema de cobertura y para justificar un mecanismo de capacidad.

Aprueba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras el cero de tensión del 28 de abril de 2025. Incluye mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al operador del sistema, reglas sobre almacenamiento, flexibilidad, autoconsumo y electrificación, y cambios en la planificación y autorización de instalaciones eléctricas.

Establece las instrucciones técnicas para que los operadores de puntos de recarga eléctrica de acceso público envíen información dinámica (localización, características, disponibilidad y precio) al Sistema de Gestión y Visualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, gestionado provisionalmente por Red Eléctrica de España.