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Modifica la Circular 4/2019, que fija cómo se calcula la retribución del operador del sistema eléctrico. Reformula los incentivos ligados a la operación del sistema y cambia el artículo 9 sobre la cuenta regulatoria. Fija límites parciales de cada incentivo para el periodo 2023-2025.

Regula en las Illes Balears el procedimiento para obtener, modificar, revisar y extinguir la autorización ambiental integrada, que unifica permisos ambientales de instalaciones contaminantes. También crea un registro de actividades y un plan de inspección ambiental.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para compensar la subida de precios. Incluye ayudas para personas desempleadas, pagos para personas en situación de dependencia, una ayuda para beneficiarios del Bono Social Térmico y aumentos de la renta social garantizada y de emancipación.

Desarrolla los procedimientos para que los comercializadores de gas natural y los consumidores directos cumplan la obligación de mantener existencias mínimas de seguridad. Regula el cálculo de las existencias operativas de cada usuario, la trayectoria de llenado, su verificación y la compra subsidiaria por el Gestor Técnico del Sistema si no se cumple.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico que se aplican desde el 1 de enero de 2023 y actualiza otros costes regulados del sistema eléctrico para ese año. También actualiza los pagos por capacidad y los segmentos tarifarios para la recarga de vehículos eléctricos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2022, que aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía, reducir el consumo de gas natural, regular las retribuciones del personal del sector público y proteger a las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

Aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía y reducir el consumo de gas natural, en el marco del plan «+SE». Incluye cambios en el bono social térmico y eléctrico, flexibilización de contratos de suministro, impulso al autoconsumo y medidas fiscales. También fija un incremento retributivo adicional para el personal del sector público en 2022 y reduce las jornadas cotizadas para el subsidio agrario por la sequía.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de Redexis Gas, SA, y anula el apartado 2 del anexo I de la Orden TED/1286/2020 en lo relativo a la retribución definitiva de 2019 por distribución de gas natural de Redexis Gas, SA y Redexis Gas Murcia, SA. Ordena a la Administración recalcular y abonar esa retribución con los importes indicados y los intereses legales.

Fija los cargos del sistema gasista y la retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos de gas natural para el año de gas 2023. También determina la retribución de las distribuidoras de gas manufacturado en territorios insulares y del operador del mercado organizado de gas.

Aprueba procedimientos de operación del sistema eléctrico para adaptar las garantías que deben prestar los participantes en el mercado. Define una garantía mínima dinámica para los comercializadores, calculada según el consumo de sus clientes y sus desvíos, con cálculo diario y validación posterior.

Amplía el plazo durante el cual los gestores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica pueden expedir notificaciones operacionales limitadas, previsto en el Real Decreto 647/2020. También modifica el anexo IV de ese real decreto, que recoge la información para solicitar la notificación operacional de módulos de generación conectados a la red de distribución.

La orden completa la liberación de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en España. Esta liberación forma parte de la segunda acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía para responder a la guerra de Ucrania.

La orden libera existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en España dentro de una acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía. España contribuye con cuatro millones de barriles, que liberan de forma progresiva los sujetos obligados.

Establece el contenido y el formato con los que las empresas distribuidoras de energía eléctrica deben presentar sus planes de inversión anuales y plurianuales a la Secretaría de Estado de Energía. Incluye la identificación de proyectos con fondos del Plan de Recuperación y de actuaciones para ampliar la capacidad de la red.