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Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

Modifica el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para que el acuerdo previo con ayuntamientos en la compra de viviendas para el parque público sea opcional para las comunidades autónomas. También amplía la ayuda a jóvenes para comprar vivienda en núcleos de población pequeños dentro de municipios más grandes.

Amplía los plazos para pedir y firmar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado para pagar el alquiler de la vivienda habitual, dentro de la línea de ayudas COVID-19. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de mayo de 2021 y los préstamos formalizar hasta el 30 de junio de 2021.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Suprime la fecha límite del 30 de septiembre de 2020 para solicitar las ayudas al alquiler de vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Desde ahora se aplican los plazos generales de ese plan.

Amplía los plazos para pedir y firmar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado para inquilinos de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de noviembre de 2020 y la firma de los préstamos hasta el 31 de diciembre de 2020.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Regula los derechos de tanteo y retracto de la Generalitat y los ayuntamientos para adquirir viviendas, con el fin de ampliar el parque público de vivienda en la Comunitat Valenciana. Establece los procedimientos para ejercer estos derechos y las condiciones de las viviendas adquiridas.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para paliar los efectos sociales del COVID-19. Regula el mantenimiento de los servicios sociales básicos y los conciertos sociales, la gestión de la renta social garantizada, la selección de personal temporal para servicios esenciales, las ayudas al alquiler de vivienda y el fomento de la investigación sanitaria.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Amplía plazos para presentar y pagar autoliquidaciones de varios impuestos cedidos, como Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. También bonifica la tasa de máquinas recreativas del tercer trimestre y regula la tasa por controles sanitarios de animales.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Define los criterios y requisitos que deben cumplir los inquilinos de vivienda habitual para acceder a préstamos avalados por el Estado y con gastos e intereses subvencionados, destinados a pagar el alquiler. Regula las condiciones de los préstamos, la presentación de solicitudes, el pago al arrendador y el control de las ayudas.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

La ley foral aprueba medidas extraordinarias en Navarra para responder al impacto de la crisis sanitaria del coronavirus. Regula la contratación pública, las subvenciones, los centros sociosanitarios, los recursos para víctimas de violencia de género, la vivienda protegida y aspectos fiscales como la suspensión de plazos y el aplazamiento de deudas tributarias.