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Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

La ley regula los derechos de las personas LGTBI en Castilla-La Mancha y prohíbe la discriminación por pertenencia a este colectivo. Establece medidas en sanidad, educación, empleo, familia, cultura, deporte, migraciones y medio rural, y crea órganos como el Consejo LGTBI y un servicio de atención integral. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

Modifica la Ley de transparencia para obligar a publicar estadísticas sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública. Añade esta información al artículo 8 de esa ley, que regula qué datos deben hacerse públicos.

La ley regula la política de juventud en el País Vasco. Define los derechos de las personas jóvenes, reparte competencias entre el Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, y crea el Sistema Vasco de Juventud. También regula la participación juvenil, el voluntariado y un régimen de inspección y sanciones.

Regula la transparencia de la actividad pública de la Generalitat Valenciana y el derecho de acceso a la información pública. Establece obligaciones de publicidad activa, un Portal de Transparencia y reglas de buen gobierno para los altos cargos. Crea el Consejo Valenciano de Transparencia y un régimen sancionador.

La ley regula en La Rioja la recuperación de la memoria democrática: localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, censo de víctimas y personas desaparecidas, exhumaciones, lugares de la memoria, acceso a archivos y retirada de símbolos. También crea un Consejo Asesor y un régimen sancionador.

Modifica tres leyes catalanas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Cambia artículos sobre el derecho a la vivienda, las medidas urgentes frente a la emergencia y la pobreza energética, y la protección de personas en riesgo de exclusión residencial.

La ley regula la igualdad de trato y el reconocimiento de la identidad y expresión de género de las personas trans en La Rioja. Establece medidas en educación, sanidad, empleo, servicios sociales, cultura, deporte y medios de comunicación, y crea un régimen de infracciones y sanciones.

La ley regula en Cantabria la identificación y el censo de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, la exhumación de restos, la reparación y reconocimiento de las víctimas y la protección de documentos y lugares de memoria. También crea órganos de coordinación y un régimen sancionador.

Modifica la Ley de salud pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. Crea la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears y regula su estructura, economía y personal.

Crea la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, que investiga e inspecciona posibles casos de fraude y corrupción en la Administración andaluza, las administraciones locales y las universidades públicas. Establece también un régimen de protección para las personas que denuncian y un régimen sancionador por infracciones.

Establece un régimen excepcional para el Fondo Canario de Financiación Municipal de 2020 y modifica la Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. También deroga varias normas, entre ellas el artículo 80 de la Ley de Presupuestos de Canarias de 2019 y el Decreto ley 12/2020.

Modifica el artículo 51 de la Ley de capitalidad de Palma para fijar los supuestos en que el defensor o defensora de la Ciudadanía cesa en el cargo antes de terminar su mandato. Estos supuestos son dimisión, inhabilitación o incapacidad firme, pérdida de la condición de vecino, condena por delito doloso firme, negligencia manifiesta apreciada por el Pleno y defunción.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

La ley regula el derecho de la ciudadanía de Castilla-La Mancha a participar en los asuntos públicos. Crea instrumentos y procedimientos de participación ciudadana e institucional, y establece medidas para fomentarla y organizarla.