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Modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular la multirreincidencia en delitos contra el patrimonio. Introduce cambios en varios artículos del Código Penal y nuevos supuestos agravados, como el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con datos personales.

Modifica la orden que creó las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Actualiza la organización de estas oficinas, incluida la de la Audiencia Nacional y la de víctimas del terrorismo, y adapta la relación de puestos de trabajo.

Establece que los Tribunales de Instancia de Puerto del Rosario y Arganda del Rey tengan dos secciones separadas: una Civil y otra de Instrucción, en lugar de una Sección Única. Modifica la planta judicial y las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

Crea las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios de Aragón, agrupando oficinas de municipios limítrofes de un mismo partido judicial. Cada agrupación tiene un municipio cabecera con personal de la Administración de Justicia que atiende a todas las oficinas integradas.

Crea nuevas plazas y secciones judiciales especializadas en violencia sobre la mujer y en violencia contra la infancia y la adolescencia. También amplía la plantilla del Ministerio Fiscal y modifica la planta judicial para adaptarla a los Tribunales de Instancia.

Transforma el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Melilla. Modifica los anexos de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y de la Ley Orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia para reflejar el cambio.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 23 de la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, por posible vulneración de los artículos 14 y 23 de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

Crea 69 nuevas unidades judiciales y una plaza de Juez o Jueza de Adscripción Territorial para la programación de 2023, y ajusta la planta judicial. También dota plazas de Magistrado o Magistrada en la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, y regula la transformación de juzgados.

Eleva a categoría de Magistrado o Magistrada los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Roquetas de Mar (Almería) y Sagunto (Valencia). Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y fija el régimen retributivo del personal destinado en esos juzgados.

Crea 70 nuevas unidades judiciales para 2022 y ajusta la planta judicial. También transforma juzgados, separa juzgados en Ponferrada y Cáceres y modifica plantillas de magistrados en la Audiencia Nacional y provinciales.

Eleva a categoría de magistrado o magistrada los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario (Las Palmas), Navalcarnero (Madrid) y San Javier (Murcia). Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y fija el régimen retributivo del personal destinado en esos juzgados.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el reparto de competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Con ello se busca agilizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, adaptando la legislación española a la Directiva (UE) 2019/1023.

Separa los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Toledo en dos tipos de juzgados: unos para asuntos civiles y otros para asuntos penales. Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y ajusta las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

Crea 56 nuevas unidades judiciales para 2021 y cuatro plazas de Juez de Adscripción Territorial en Cataluña. Modifica la planta judicial y la composición de secciones y juzgados para agilizar la actividad judicial tras la crisis del COVID-19.