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Modifica tres circulares del Banco de España para adaptar la normativa española a las reformas bancarias europeas CRD V y CRR II. Ajusta las reglas de supervisión y solvencia de las entidades de crédito, las opciones regulatorias del reglamento europeo y la transparencia de los servicios bancarios.

Actualiza los tipos de interés anuales de los préstamos para vivienda protegida de varios planes estatales de vivienda. Fija el tipo del Programa 1998 en el 1,32 % y mantiene el resto en sus valores vigentes.

Modifica el Código de Buenas Prácticas para la renegociación de deudas con aval público de empresas y autónomos. Las entidades financieras adheridas deben mantener hasta el 30 de septiembre de 2022 los límites y condiciones de las líneas de circulante concedidas a sus clientes.

Da por terminado el Canje de Notas entre España y los Países Bajos (en nombre de Aruba) sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de intereses. El acuerdo dejó de tener efectos jurídicos el 1 de enero de 2019.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2021, que traspone varias directivas de la Unión Europea. Las materias son bonos garantizados, fondos de inversión transfronterizos, datos abiertos del sector público, derechos de autor en línea, exenciones temporales a importaciones y suministros, derechos de las personas consumidoras y promoción de vehículos de transporte por carretera limpios.

Adapta al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula los bonos garantizados que emiten los bancos, la venta transfronteriza de fondos de inversión, la reutilización de datos del sector público, los derechos de autor en internet, ciertas exenciones de IVA, la protección de las personas consumidoras y el fomento de vehículos de transporte limpios.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Real Decreto-ley 1/2017, que regulaba la protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Declara nulos los preceptos que excluyen a las personas jurídicas y que imponen costas al consumidor que no acudió antes a la entidad de crédito, y fija una interpretación del precepto sobre costas.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley Foral 21/2019 de Navarra, que modificó su Derecho civil foral. La sentencia anula las referencias al principio de paridad de ordenamientos e interpreta otros preceptos conforme a la Constitución.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Código de Buenas Prácticas para renegociar la financiación avalada de empresas y autónomos. Ordena al ICO, CERSA y CESCE ampliar los vencimientos de avales y coberturas de crédito y fija cómo se adhieren las entidades financieras.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 6/2019 del estatuto de las personas consumidoras de Extremadura. Declara nulos parcialmente los preceptos sobre el documento justificativo de la contratación y el clausulado de los contratos, y anula el precepto sobre titulización de créditos y, por conexión, la infracción administrativa por no comunicar la cesión de créditos a fondos de titulización.

Revisa los tipos de interés anuales de préstamos para vivienda protegida de los planes estatales 1996-1999, 2002-2005 y 2005-2008. Fija el tipo del Plan 2002-2005 en el 1,43 % y mantiene el del Programa 1997 en el 1,72 %.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2021, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial frente a la pandemia de la COVID-19. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Aprueba las primas que se aplicarán a la segunda línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante de CESCE, creada para dar liquidez a empresas afectadas por la COVID-19. Estas primas se ajustan a las autorizaciones de la Comisión Europea y cubren plazos de hasta ocho años.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

Modifica el Plan General de Contabilidad, el de Pequeñas y Medianas Empresas, las normas de cuentas anuales consolidadas y las de entidades sin fines lucrativos. Adapta estos textos a los nuevos criterios contables de la Unión Europea sobre instrumentos financieros y sobre ingresos por contratos con clientes.

Modifica dos circulares del Banco de España para adaptarlas a la Orden ETD/699/2020 sobre crédito revolvente. Actualiza la normativa de la Central de Información de Riesgos y la de transparencia de servicios bancarios y concesión de préstamos.

Modifica el Real Decreto 874/2017, que regula la subvención del tipo de interés de los créditos para construir buques. Amplía su periodo de vigencia y cambia los requisitos de los astilleros y los umbrales de tamaño y potencia de los buques financiables.

Regula los créditos revolventes o revolving, un tipo de crédito renovable asociado a tarjetas y otros medios de pago. Establece deberes de información precontractual, periódica y adicional para las entidades, y un derecho de desistimiento para el cliente. También modifica normas sobre la Central de Información de Riesgos y la publicidad bancaria.