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El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas, y lo declara nulo de pleno derecho por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios preceptos del Decreto-ley 5/2021 de la Región de Murcia, que modificó la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor. El recurso cuestiona los cambios en el régimen de restitución de cultivos y en el control de los regadíos sin derecho de agua.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Xunta de Galicia contra el artículo 20 y la disposición derogatoria única de la Ley de cambio climático y transición energética, que regulan la duración de los títulos de ocupación del dominio público marítimo y sus prórrogas. La sentencia declara que esas previsiones legales son conformes con la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado contra varios artículos de la Ley de la Región de Murcia 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor. La sentencia examina si esos preceptos respetan las competencias del Estado y los derechos de propiedad y libertad de empresa al limitar la explotación agrícola en la zona.