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Establece el marco para que España ejecute las penas de prisión impuestas por la Corte Penal Internacional. Regula el procedimiento de designación de España, el traslado de la persona condenada, la supervisión de la pena y las condiciones de reclusión.

Autoriza a España a ratificar cuatro enmiendas al artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden supuestos de crímenes de guerra: uso de armas biológicas, de fragmentos no detectables por rayos X y láser cegadoras, y hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra.

El Boletín Oficial del Estado publica una enmienda al artículo 39 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La enmienda añade un texto sobre la sustitución de un magistrado en las Salas, conforme a las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Establece un acuerdo entre España y la Corte Penal Internacional para que España envíe jóvenes graduados (funcionarios subalternos del cuadro orgánico) a trabajar temporalmente en la CPI. España paga sus gastos y la CPI decide su nombramiento y los supervisa.