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Actualiza las cuantías que marcan los umbrales de los contratos del sector público a partir del 1 de enero de 2026, para adaptarlas a los nuevos límites fijados por la Comisión Europea. Afecta a la Ley de Contratos del Sector Público, al Real Decreto-ley 3/2020 y a la Ley 24/2011 de contratos de defensa y seguridad.

Modifica normas catalanas de contratación pública para incorporar criterios de calidad, sociales y medioambientales en la compra de obras, suministros y servicios por las administraciones catalanas. Regula la contratación conjunta, la división en lotes, los pagos menores y la subcontratación.

Establece medidas urgentes para el transporte discrecional de viajeros en autobús y en vehículos de turismo en las Illes Balears, con el fin de ajustar la oferta a la demanda turística. Regula la contratación por plaza, licencias temporales de autotaxi y autorizaciones de alquiler con conductor, y modifica varias leyes autonómicas.

Amplía la lista de materiales cuyo encarecimiento se tiene en cuenta para revisar de forma excepcional el precio de los contratos públicos de obras. Añade cemento, materiales cerámicos, madera, plásticos, productos químicos y vidrio a los ya previstos.

Modifica el procedimiento de adhesión a la Central de Contratación del Estado para incluir también los sistemas dinámicos de adquisición, además de los acuerdos marco. Las entidades que se adhieran deberán contratar a través de ellos, salvo excepciones justificadas.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Establece medidas excepcionales y urgentes para revisar los precios de los contratos públicos de obras, servicios y suministros en Aragón, ante la subida del coste de materiales y energía. Regula también cambios de materiales, retrasos por falta de suministros y la revisión de precios en futuras contrataciones.

Modifica normas del transporte de mercancías por carretera para mejorar la sostenibilidad del sector y el funcionamiento de la cadena logística. También regula el desplazamiento de conductores en el transporte internacional y permite revisar de forma excepcional los precios de contratos públicos de obras.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad en el empleo. Regula los contratos de duración determinada, los contratos formativos y el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. También adapta la normativa de empresas de trabajo temporal y de empleo.

Aprueba un quinto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del coronavirus. Incluye medidas sobre vivienda (vigencia de cédulas de habitabilidad, derecho subjetivo a la vivienda y subvenciones a inquilinos de vivienda protegida) y sobre contratación pública.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.