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Crea una vocalía adicional en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que pasa a tener seis vocales. El tribunal resuelve recursos especiales en materia de contratación pública de la Administración General del Estado, siete comunidades autónomas y Ceuta y Melilla.

Desarrolla la obligación de usar factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales. Regula el sistema español de factura electrónica, las plataformas privadas de intercambio, una solución pública y el cálculo de los plazos de pago. También modifica el reglamento de obligaciones de facturación.

Regula cómo el Ministerio de Defensa puede comprar material de defensa y participar en proyectos colaborativos de investigación e innovación en el marco de las iniciativas europeas de defensa, incluido el instrumento SAFE. Permite actuar en nombre propio y de otros Estados miembros, con acuerdo previo del Consejo de Ministros.

Actualiza las normas que regulan cómo las administraciones públicas encargan trabajos a TRAGSA y TRAGSATEC, empresas públicas de servicios agrarios y tecnológicos. Fija el régimen de estos encargos, las tarifas, la contratación con terceros y los órganos de control.

Crea la Comisión Interministerial para incorporar criterios de innovación en la contratación pública y regula el Plan para la Innovación en la Contratación Pública. La comisión coordina a varios ministerios y elabora y sigue ese plan.

Desarrolla en España la normativa europea para agilizar los trámites de autorización y contratación de los proyectos de la red transeuropea de transporte (RTE-T). Fija plazos máximos para conceder autorizaciones y crea una autoridad encargada de coordinar esos trámites.

Crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública. Regula su adscripción, finalidad, composición, funciones, participación de terceros, grupos de trabajo y régimen de funcionamiento.

Aprueba las normas de organización y funcionamiento de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Regula su composición, sus funciones de regulación, supervisión y análisis económico, y la Estrategia Nacional de Contratación Pública.

Modifica la norma que regula el patrimonio de la Seguridad Social para permitir que sus bienes inmuebles, sin dejar de serlo, se destinen a fines de utilidad pública mediante adscripción o cesión de uso. También revisa la regulación de los negocios jurídicos de gestión del patrimonio e introduce un Plan de optimización.

Modifica el Real Decreto 434/1988, que regula la estructura de la Casa de Su Majestad el Rey. Consolida reformas anteriores sobre transparencia, contratación, código de conducta del personal y publicación de cuentas y auditorías.

Establece un marco para conservar los recursos genéticos forestales y de la flora silvestre. Crea redes de unidades de conservación en el medio natural y un Banco Nacional de Germoplasma Forestal y de Flora Silvestre. También modifica la composición y funciones de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y del Consejo Forestal Nacional.

Regula la formación obligatoria de los conductores profesionales de camiones y autobuses: una cualificación inicial y una formación continua para mantener los conocimientos actualizados. Sustituye el Real Decreto 1032/2007 e incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2018/645.