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Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

Crea la Unidad Nacional de Coordinación de Asistencia Digital y el Comité Permanente de Información y Asistencia Digital dentro de la Agencia Tributaria. Establece sus normas de organización y funcionamiento para coordinar la asistencia no presencial a los contribuyentes.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Viesgo Infraestructuras Energéticas contra el Real Decreto 968/2014, que fija el reparto de la financiación del bono social eléctrico. Declara inaplicable el régimen de financiación del artículo 45.4 de la Ley 24/2013 y anula los artículos 2 y 3 del real decreto.

Modifica el Código civil de Cataluña para incorporar dos directivas europeas sobre contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos y servicios digitales. Regula la conformidad de los bienes y servicios digitales, los plazos de responsabilidad y los derechos del comprador o adquirente.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Crea la Comisión Interministerial de Consumo y fija su composición, funciones y forma de funcionamiento. Sustituye la regulación anterior de este órgano y lo adapta a la nueva organización de los ministerios.

Fija en 168,53 euros por MWh el precio medio de la energía para el primer trimestre de 2022. Este precio se usa para calcular la retribución del servicio de interrumpibilidad que prestan grandes consumidores eléctricos en los territorios no peninsulares.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Establece las reglas que debe seguir la publicidad de criptoactivos ofrecidos como inversión. Delimita qué anuncios y qué personas o entidades quedan sujetos a control, exige comunicar antes las campañas masivas y fija cómo la CNMV supervisa esa publicidad.

Crea en Aragón el Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales, que sustituye al anterior impuesto sobre la contaminación de las aguas. Regula quién debe pagarlo, qué usos se gravan, las exenciones, cómo se calcula el consumo y la carga contaminante, las tarifas y la gestión del tributo.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico que se aplican desde el 1 de enero de 2022 y actualiza otros costes regulados del sistema eléctrico para ese año. También actualiza los pagos por capacidad y los segmentos tarifarios para la recarga de vehículos eléctricos.

Aprueba los perfiles de consumo y el método de cálculo para liquidar la energía en el mercado eléctrico de los consumidores tipo 4 y tipo 5 que no tienen registro horario de consumo. Se aplica desde el 1 de enero de 2022.

Fija los precios sin impuestos de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) que se aplican desde el 1 de enero de 2022, con tres tramos según el consumo anual. También fija los precios del gas manufacturado y aire propanado en territorios insulares. El coste de la materia prima se limita a un 15 % de subida respecto al vigente.

La ley regula el sistema de servicios sociales de la Región de Murcia. Establece los derechos de las personas usuarias, el catálogo de prestaciones, la organización territorial y las competencias de la administración autonómica y local. También regula la inspección y el régimen de infracciones y sanciones.

Establece las bases reguladoras para conceder ayudas a proyectos piloto singulares de comunidades energéticas dentro del Programa CE Implementa, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Regula quién puede recibir las ayudas, qué proyectos se subvencionan, los costes cubiertos y el procedimiento de solicitud, pago y justificación.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.