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Modifica los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, que fijan qué proyectos deben someterse a evaluación ambiental ordinaria o simplificada. Con ello adapta la norma española a las directivas europeas de evaluación de impacto ambiental.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 4/2023, que adopta medidas urgentes en materia agraria y de aguas frente a la sequía y al encarecimiento del sector primario, promueve el uso del transporte público terrestre entre los jóvenes y regula la prevención de riesgos laborales ante temperaturas altas.

Establece medidas extraordinarias y urgentes para afrontar la sequía excepcional en Cataluña y complementa el Decreto-ley 1/2023. Permite tramitar por emergencia obras y actuaciones prioritarias de abastecimiento de agua y prevé aportaciones económicas y un plan de apoyo a la actividad agraria.

Actualiza el título de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural, de la familia profesional Agraria, y fija sus enseñanzas mínimas. Con ello se adapta esta formación profesional a la actualización de las cualificaciones profesionales.

Regula el reconocimiento de la explotación familiar agraria en Castilla-La Mancha, crea un Banco de Tierras y establece medidas de apoyo, beneficios fiscales y zonas de protección agraria. También aborda la infrautilización del suelo agrario.

Establece las bases para conceder subvenciones a grupos operativos supraautonómicos que preparen y ejecuten proyectos de innovación de interés general en agricultura, dentro de la Asociación Europea para la Innovación (AEI-Agri). Regula solicitudes, gastos subvencionables, pagos, controles y reintegros.

Modifica dos reales decretos que regulan ayudas del Plan de Recuperación para el campo y la ganadería. Amplía la vigencia de los programas de apoyo, aclara quiénes pueden recibir las ayudas y qué actuaciones pueden hacer directamente las comunidades autónomas, y adapta la normativa de ayudas de Estado.

Adopta medidas urgentes frente a la sequía y el encarecimiento de costes en el sector agrario: ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores, apoyo al seguro agrario, flexibilización de la PAC y medidas fiscales y de Seguridad Social. También regula el uso del agua en cuencas afectadas y rebajas de billetes de transporte público terrestre para jóvenes.

La ley regula la dinamización del medio rural de Aragón. Establece principios de actuación, criterios para clasificar municipios y asentamientos rurales, instrumentos de planificación y medidas de fomento económico, empleo, vivienda, servicios y fiscalidad diferenciada.

Reduce para 2022 los índices de rendimiento neto del método de estimación objetiva del IRPF en actividades agrícolas y ganaderas de zonas afectadas por circunstancias excepcionales. También eleva la reducción general sobre el rendimiento neto de módulos del 15 % al 25 % para actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

Modifica la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha para adaptarla a la normativa estatal y a las estrategias europeas de biodiversidad y bosques. También cambia otras dos leyes autonómicas y fija reglas transitorias para procedimientos en curso.

Actualiza las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 2023, para ajustarlos al salario mínimo interprofesional aprobado ese año. También añade una nueva sección con efectos desde el 1 de julio de 2023.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones para programas de formación dirigidos a profesionales del medio rural. Cambia los criterios de valoración de las ayudas, el sistema para justificar los gastos y añade penalizaciones por incumplimiento.

La ley regula en Aragón la agricultura social y familiar, el regadío, la reordenación de la propiedad agraria y el Patrimonio Agrario de la comunidad. También prevé actuaciones frente a daños en explotaciones agrarias por eventos naturales de especial intensidad.

Modifica varias leyes de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, juego, urbanismo, montes, salud y vivienda. Incluye medidas sobre licencias de caza y pesca, becas y acceso a personal estatutario.