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Modifica la Ley de puertos de las Illes Balears para adaptarla a la normativa estatal. Añade un artículo sobre embarcaciones, vehículos y objetos abandonados en zonas portuarias de gestión directa y habilita al Consejo de Gobierno para desarrollarla.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno contra un artículo del Decreto-ley 10/2025 del Consell. El recurso se dirige a una parte concreta de la modificación del artículo 32.3.b) de la Ley de Puertos de la Generalitat.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de dos disposiciones finales de la Ley de presupuestos de Canarias para 2025, recurridas por el presidente del Gobierno. Una afecta a las retribuciones de gerentes de organismos sanitarios y otra al régimen de prórrogas de concesiones en puertos deportivos.

Modifica el importe máximo acumulado del anexo 5 del Convenio de 2022 que regula la explotación y mantenimiento de la sección internacional de alta velocidad entre Figueres y Perpiñán. El cambio responde al nuevo Plan de Explotación presentado por la sociedad Línea Figueras Perpignan, SA para los años 2025 y 2026.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos preceptos de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. Uno afecta a la ordenación sanitaria y otro a medidas tributarias, administrativas y sociales. Los preceptos quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2025.

Aprueba el Reglamento General de Carreteras, que regula la planificación, construcción, financiación, explotación y uso de las carreteras del Estado. Incluye la clasificación de las vías, los estudios y proyectos, las expropiaciones, las autorizaciones y el régimen de infracciones y sanciones.

El Tribunal Supremo estima el recurso de una persona contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas. La sentencia declara nulo de pleno derecho ese real decreto por no ajustarse al ordenamiento jurídico e impone las costas a la Administración General del Estado.

Establece los criterios para fijar los peajes y gravámenes que se cobran a los vehículos por usar determinadas infraestructuras de la Red de Carreteras del Estado. Regula cómo se calculan, qué descuentos, reducciones y exenciones se aplican y cómo se modulan según el tipo de vehículo.

Aprueba las condiciones para ceder gratis locales públicos del Instituto de las Mujeres a asociaciones de mujeres, que los usarán como oficinas. El pliego fija las reglas de acceso, uso y disfrute de esos locales.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado transfiere al País Vasco las funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. El traspaso se hace efectivo en la fecha que fija el propio acuerdo.

Modifica el Convenio de 2022 que encarga a la sociedad Línea Figueras Perpignan, SA la explotación y mantenimiento de la sección internacional de alta velocidad Figueres-Perpiñán. Eleva el importe máximo acumulado de financiación para 2024-2026 y reduce los cánones de los trenes de mercancías desde el 1 de enero de 2025.

Aprueba el Reglamento de reutilización del agua, que regula cómo se producen, suministran y usan las aguas regeneradas. Establece autorizaciones y concesiones, requisitos de calidad, control del riesgo y régimen sancionador, y modifica otras normas sobre gestión del agua.

Crea la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Regula su naturaleza, sus funciones de investigación, el procedimiento, la organización y su financiación.

Establece el régimen para instalar plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico gestionados por el Estado. Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico para regular la tramitación de concesiones y las condiciones ambientales.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas, y lo declara nulo de pleno derecho por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Ordena publicar el fallo en el BOE.

Actualiza las cuantías que determinan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2024, para adaptarlas a los nuevos umbrales fijados por la Comisión Europea. Sustituye varias cifras en la Ley de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto-ley 3/2020 y en la Ley 24/2011.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del decreto-ley de Extremadura sobre el litio. Declara nulos los preceptos que regulaban el tratamiento metalúrgico y mineralúrgico, sus consecuencias y la utilidad pública a efectos expropiatorios de las concesiones de litio.