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Crea el Comité Antifraude del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como órgano colegiado. Establece su composición, sus funciones de diseño, seguimiento, evaluación y revisión de la estrategia contra el fraude, y su régimen de funcionamiento.

La ley establece el marco para afrontar el cambio demográfico en Asturias: envejecimiento, baja natalidad y despoblación rural. Crea una estrategia y planificación demográfica, una comisión gubernamental y un observatorio, y ordena medidas en servicios sociales, sanidad, educación, empleo, fiscalidad y territorio.

Crea el Comité Antifraude del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y fija su objeto, composición, funciones y forma de funcionar. Es un órgano colegiado que apoya el Plan de Medidas Antifraude del Ministerio para los fondos del Plan de Recuperación.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Modifica la orden que crea los Premios «Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos» para incorporar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la comisión que valora las candidaturas.

Crea y regula el Comité Antifraude del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para los proyectos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation UE). Define su naturaleza, composición, funciones y funcionamiento.

La ley regula la política pública vasca de cooperación y solidaridad con los países y territorios del Sur. Define sus objetivos, principios y enfoques, organiza las instituciones que la llevan a cabo y establece su planificación, financiación y modalidades de actuación.

La ley regula los derechos y deberes de las personas menores de edad en Euskadi y las actuaciones para promover su bienestar. También establece cómo prevenir, detectar y atender situaciones de violencia, desprotección o conflicto con la ley penal, y crea órganos de coordinación y participación.

Crea el Órgano de coordinación del Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura (SCIA), adscrito al Ministerio de Agricultura, y fija su composición, funciones y forma de funcionamiento. También modifica dos reales decretos anteriores para encajar este órgano en la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC.

Prorroga la aplicación del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y la Unión Europea y sus Estados miembros, firmado en Cotonú en 2000, mediante medidas transitorias hasta que entre en vigor un nuevo acuerdo.

Prorroga la aplicación del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico y la Unión Europea y sus Estados miembros, firmado en Cotonú en 2000. La prórroga se hace mediante medidas transitorias mientras no entra en vigor un nuevo acuerdo.

Desarrolla la Ley 52/1997 sobre la asistencia jurídica al Estado. Regula cómo la Abogacía General del Estado emite informes y defiende al Estado en juicios, y cómo presta asistencia a órganos constitucionales y entidades públicas. Sustituye al reglamento anterior de 2003.

Modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones para completar el desarrollo de la Ley 12/2022, que impulsa los planes de pensiones de empleo. Regula la integración de planes simplificados en fondos de empleo, sus promotores, partícipes, información, movilización de derechos y comisión de control.

Aprueba un nuevo Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual. Regula la organización y funciones del registro central y de los registros territoriales, el procedimiento de inscripción, la publicidad registral y la coordinación entre administraciones. Sustituye al reglamento de 2003 y adapta el registro a la tramitación electrónica.

Desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, un instrumento que, tras su activación por el Consejo de Ministros, permite a las empresas solicitar reducciones de jornada o suspensiones de contratos. Regula el procedimiento, las garantías para las personas trabajadoras y el Fondo RED.