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Modifica la composición de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Justicia para adaptarla a la nueva estructura orgánica del Ministerio. La Comisión es el órgano que coordina la transformación digital dentro del departamento.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

Crea la Comisión de trabajo para el seguimiento de la COVID-19 en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. La comisión analiza y evalúa la evolución e impacto de la pandemia en la educación no universitaria y la formación profesional, y elabora recomendaciones en coordinación con las autoridades sanitarias y las comunidades autónomas.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico en las Illes Balears: la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas, una renta de emancipación para jóvenes tutelados y ayudas de urgencia social. Establece requisitos, importes, duración, gestión y régimen sancionador.

Modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas para que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil tengan representación en la Junta de Gobierno del ISFAS, igual que las de las Fuerzas Armadas. Corrige así lo anulado por el Tribunal Supremo en 2018.

Crea el ingreso mínimo vital, una prestación económica estatal para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Regula quiénes pueden cobrarla, cómo se calcula la cuantía, cómo se solicita y cómo se controla.

Establece medidas laborales y sociales para proteger el empleo durante la crisis del COVID-19. Regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas del artículo 22, la protección por desempleo de las personas afectadas y las cotizaciones a la Seguridad Social. También fija límites al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal de las empresas que usan estas medidas.

Aprueba el Reglamento sobre el acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y a los cultivados para otros fines. Desarrolla el título IV de la Ley 30/2006 y regula el acceso, las medidas de control, una comisión nacional y el fomento de los derechos de los agricultores.

La ley regula el tercer sector social en Castilla-La Mancha: define qué entidades lo forman, sus obligaciones y principios, y crea cauces de diálogo y participación con la Administración. También establece medidas de promoción y colaboración con estas entidades.

La ley regula el derecho de la ciudadanía de Castilla-La Mancha a participar en los asuntos públicos. Crea instrumentos y procedimientos de participación ciudadana e institucional, y establece medidas para fomentarla y organizarla.

Modifica la norma que organiza la Comisión de Seguridad y Control de la Agencia Tributaria. Crea una nueva comisión sectorial para el Servicio de Gestión Económica y actualiza la lista y la composición de estas comisiones.