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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del País Vasco contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del recurso ha perdido objeto y aplica doctrina de sentencias anteriores sobre competencias en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2026, que adopta medidas fiscales y financieras urgentes para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. También incluye medidas para que las comunidades autónomas con superávit ejecuten inversiones pendientes de ejercicios anteriores a 2026.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña contra varios preceptos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto porque esos preceptos ya fueron juzgados en sentencias anteriores, y se pronuncia sobre la constitucionalidad de los preceptos relativos a la actividad del Estado en subvenciones de vivienda.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto por sentencias anteriores y examina si los preceptos restantes respetan las competencias autonómicas en vivienda y urbanismo.

El Tribunal Constitucional anula los artículos 6.4 y 9.4 de la Ley catalana 24/2015, que obligaban a las empresas suministradoras a pedir un informe a los servicios sociales antes de cortar la electricidad o el gas y fijaban un plazo de 15 días para emitirlo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Cataluña 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, que establecía medidas en materia de alquiler como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Actualiza los tipos de interés anuales de los préstamos para vivienda protegida de los planes estatales 1998-2001, 2002-2005 y 2005-2008. Fija un tipo del 3,61 % para el Plan 1998-2001 y del 2,55 % para el Plan 2002-2005.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Comunidad de Madrid contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna y sobre las viviendas asequibles incentivadas, y aprecia pérdida parcial de objeto en otros puntos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2026, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos que permiten usar suelos dotacionales para vivienda pública, imponen publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y fijan requisitos para las demandas de desahucio de grandes tenedores.

Atribuye el número corto 047 al servicio telefónico «Línea de atención ciudadana en materia de vivienda». El servicio es gratuito, accesible desde todo el Estado y lo presta la Subsecretaría de Vivienda y Agenda Urbana. Ofrece información sobre ayudas a la vivienda, rehabilitación, acceso y alquiler.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones de la Ley 4/2025 de las Illes Balears, que regula actuaciones urgentes para obtener suelo mediante proyectos residenciales estratégicos. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Crea el Consejo Asesor de Vivienda, un órgano consultivo y técnico del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Regula su composición, funciones y funcionamiento, y su finalidad es asegurar la participación de agentes sociales en la política estatal de vivienda.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley de Cataluña 24/2015, de medidas urgentes en vivienda y pobreza energética. El tribunal revisará si esos artículos vulneran competencias del Estado recogidas en la Constitución.

Esta orden fija los plazos y el modelo para que las plataformas en línea de alquiler de corta duración envíen datos a la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Los datos incluyen el número de registro, la dirección de la unidad y la actividad de alquiler por unidad.