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Modifica tres órdenes sobre laboratorios agroalimentarios y de sanidad de la producción primaria. Adapta los precios públicos de sus servicios, la designación del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete y la designación de laboratorio nacional de referencia para análisis de fertilizantes. Con ello ajusta estas normas al Real Decreto 682/2026.

Establece la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025/2026. La norma prevé la retirada de producto del mercado si se confirma una situación de sobreoferta, con el fin de estabilizar el mercado. Se aplica en una región de producción determinada y fija criterios de activación, cantidades afectadas y controles.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Defensor del Pueblo contra tres partes de la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario: la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

Modifica el anexo I del Real Decreto 550/2014, que fija los requisitos para ser reconocida como Entidad Asociativa Prioritaria (EAP) en el sector agroalimentario. Revisa los volúmenes de facturación exigidos para obtener ese reconocimiento.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que recoge medidas urgentes del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece que los orujos grasos que salen de las almazaras se consideren subproductos, y no residuos, cuando se destinan a extraer aceite de orujo de oliva crudo. Fija los requisitos que deben cumplir y las obligaciones de quien los produce y de quien los usa.

Fija el final del pago diferido de cuotas a la Seguridad Social a través de asociaciones empresariales para tres sistemas especiales del Régimen General: frutas y hortalizas, conservas vegetales y manipulado de tomate fresco. Las empresas podrán usar esa modalidad hasta la cotización de diciembre de 2020.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, que adopta medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 19 de la Ley de Calidad Agroalimentaria de Canarias, aprobada en 2019. El recurso lo presenta el Presidente del Gobierno.