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Crea la Comisión Calificadora de Documentos Administrativos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de sus organismos públicos. Regula sus funciones, composición y funcionamiento, y el procedimiento de acceso a los archivos central y general del Departamento. Suprime la comisión anterior del Ministerio de la Presidencia y un grupo de trabajo.

Establece el diseño, la dimensión y la organización de las oficinas judiciales de los Tribunales colegiados y Tribunales de Instancia en los partidos judiciales que dependen del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Regula las unidades que las integran, los servicios comunes de tramitación, generales y de ejecución, y los servicios transversales como la guardia o el Registro Civil.

Crea la sede electrónica asociada de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, dependiente del Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado. Fija su dirección, su titularidad y quién gestiona sus contenidos y servicios.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a actividades que fortalezcan la convivencia y prevengan la intolerancia y la discriminación por motivos religiosos. Regula quién puede solicitarlas, los gastos cubiertos, los criterios de valoración, el procedimiento y el control del dinero.

Modifica la Orden PJC/439/2024 para ampliar el ámbito de actuación de la Mesa de Contratación de la Abogacía General del Estado. Elimina la limitación a materias de energías renovables, eficiencia energética y transición ecológica, y añade la exigencia de transferencia previa del crédito necesario.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Crea y regula las Juntas y Mesas de Contratación del nuevo Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de la Secretaría de Estado de Justicia. Define sus funciones, composición y funcionamiento, y deroga las órdenes anteriores de los ministerios suprimidos.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.