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Adapta la Orden ESS/1187/2015 a los cambios del Real Decreto 1060/2022 sobre la gestión de la incapacidad temporal. Elimina la entrega de copias en papel de los partes de baja, confirmación y alta a la persona trabajadora y su presentación a la empresa. La comunicación de esos partes pasa a hacerse por medios electrónicos entre la administración y la empresa.

Fija qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales del INSS y qué dirección resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional. Sustituye a la resolución de enero de 2022.

Modifica la Resolución de 14 de enero de 2022 del Instituto Nacional de la Seguridad Social para incluir el ingreso mínimo vital entre las prestaciones cuya resolución puede adoptarse de forma automatizada. También cambia el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y fija cuál es competente en pensiones con convenios internacionales, incluido el de Senegal.

Establece qué prestaciones de la Seguridad Social puede resolver el Instituto Nacional de la Seguridad Social de forma automatizada, con sello electrónico. Fija criterios objetivos para repartir expedientes entre direcciones provinciales y determina qué dirección provincial reconoce pensiones con normas internacionales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2021, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto-ley 20/2020, que crea el ingreso mínimo vital. La sentencia analiza si el Estado puede asumir la gestión de esta prestación a través del INSS y declara constitucionales los preceptos que le atribuyen esa gestión.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones del Real Decreto-ley 20/2020, que establece el ingreso mínimo vital.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el periodo en que el control financiero permanente es la única modalidad de control para reconocer el derecho y la obligación de los expedientes del ingreso mínimo vital. El acuerdo surte efectos desde el 1 de enero de 2021.

El Congreso de los Diputados aprueba la convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, y ordena su publicación. La norma había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2020.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que establece el ingreso mínimo vital. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.