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El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos tras la jurisprudencia constitucional. La sentencia concluye que el Gobierno justificó suficientemente la extraordinaria y urgente necesidad de la reforma.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adaptó la Ley de Haciendas Locales a su jurisprudencia sobre el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos (plusvalía municipal). La sentencia analiza si la norma cumple los límites del decreto-ley.

Modifica la norma que regula la entrega a los Ayuntamientos de tramos de carreteras estatales que pasan a ser vías urbanas. Permite que, mediante convenio, se acuerde otro reparto de tareas para ejecutar y recibir las obras, y aclara que también cabe ceder la vía sin compromisos económicos adicionales.

Establece cómo deben enviar los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda los datos de su esfuerzo fiscal de 2021, necesarios para calcular su participación en los tributos del Estado de 2023. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2023 y la forma de envío telemático con firma electrónica.

Modifica las instrucciones a los Ayuntamientos sobre el Padrón municipal para adaptarlas a cambios del Código Civil. Exige el consentimiento de ambos progenitores o autorización judicial para empadronar a un menor con un solo progenitor. También ajusta el tratamiento de las personas con discapacidad.

Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las cuotas de IBI y de IAE que dejan de cobrar en 2022. Estos beneficios fiscales se aplican a inmuebles y negocios dañados por los incendios forestales de junio, julio y agosto de 2022.

Declara oficiales las cifras de población de cada municipio español resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2022. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica estas cifras en su web y el anexo recoge los totales por provincias, capitales e islas.

La Instrucción aclara que los avales que las agrupaciones de electores presentan para las elecciones municipales pueden recogerse mediante firma electrónica. El representante debe comunicar a la Junta Electoral el sistema de firma y verificación utilizado, con sello o marca de tiempo.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según tramos de población. Se aplica a municipios de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

El Tribunal Constitucional anula el apartado 2 del artículo 60 de la Ley valenciana 6/2014, que permitía entender estimada por silencio administrativo una solicitud de licencia ambiental cuando el ayuntamiento no respondía en seis meses. El tribunal considera que ese precepto invade competencias del Estado sobre procedimiento administrativo y protección ambiental.

Modifica la orden que regula las ayudas para proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios afectados por la transición energética. El cambio afecta al límite máximo subvencionable cuando las solicitudes se presentan de forma conjunta por varios municipios o entidades.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos artículos de la Ley catalana de ordenación del litoral que daban a los ayuntamientos la potestad de autorizar usos en el dominio público marítimo terrestre. La sentencia analiza si esos preceptos invaden competencias del Estado sobre costas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto municipal por la venta de terrenos urbanos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal sobre el impuesto municipal por la venta de terrenos urbanos.

Establece cómo deben los ayuntamientos calcular y enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2020, necesaria para la liquidación de su participación en los tributos del Estado de 2022. Fija el 30 de junio de 2022 como fecha límite y regula la comprobación de esos datos por las Delegaciones de Economía y Hacienda.

Declara oficiales las cifras de población de cada municipio español resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2021. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica estas cifras en su web.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 26/2021, que adapta la Ley de Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Ordena su publicación.

El Tribunal Constitucional declara nulos los preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales que obligan a calcular la base del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos urbanos con un sistema objetivo de aplicación imperativa. El tribunal considera que ese método puede vulnerar el principio de capacidad contributiva y la prohibición de confiscatoriedad.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 2 a 5 de la disposición adicional trigésima de la Ley de educación de Cataluña, que fijan la financiación de las guarderías municipales. La sentencia se apoya en la doctrina de la STC 159/2021 sobre esa misma financiación.