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España ratifica cuatro enmiendas al artículo 8.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Las enmiendas añaden como crímenes de guerra el uso de armas biológicas o toxinas, de armas con fragmentos no detectables por rayos X, de armas láser que causen ceguera permanente y el uso del hambre contra la población civil como método de guerra.

La orden completa la liberación de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en España. Esta liberación forma parte de la segunda acción coordinada de la Agencia Internacional de la Energía para responder a la guerra de Ucrania.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 5.000 millones de euros para que las entidades financieras concedan financiación a empresas y autónomos. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales, que cubren el capital impagado y no los intereses.

Establece el procedimiento para reconocer la protección temporal a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania. Regula cómo se inicia, se instruye y se resuelve la solicitud, la autorización de permanencia provisional, las renovaciones, la revocación y el cese de la protección.

Amplía la protección temporal concedida por la UE a las personas afectadas por el conflicto de Ucrania para que puedan encontrar refugio en España. Incluye a ucranianos que estaban en España antes del 24 de febrero de 2022 y no pueden volver, y a nacionales de terceros países o apátridas que residían legalmente en Ucrania.