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Regula las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario de 2022 en el gasto del Estado y en las operaciones no presupuestarias. Fija plazos para tramitar modificaciones de créditos, expedientes de gasto, documentos contables, contabilización y pagos en el final del año.

Aprueba una nueva Instrucción de operatoria contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. Reúne en un solo texto las reglas para contabilizar gastos e ingresos, el cierre del ejercicio y la tramitación de distintos tipos de gasto. Deroga la Instrucción anterior de 2014.

Modifica las bases del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital para permitir mover crédito no solo entre medidas de una misma línea de actuación, sino también entre líneas de actuación distintas del programa. El objetivo es reasignar remanentes a las líneas con más demanda.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentación del proceso.

Modifica las instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública de la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y remiten los informes de auditoría y cómo se piden los planes de acción para corregir los problemas detectados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2022, que adopta medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior para aplicar las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.

Modifica la Instrucción de contabilidad de las entidades de la Seguridad Social para que registren los gastos vinculados a proyectos del Plan de Recuperación con un código único de proyecto. También incorpora a las mutuas colaboradoras y sus centros mancomunados al subsistema contable de gastos con financiación afectada.

Regula cómo se documentan y tramitan los expedientes para modificar los presupuestos y para autorizar gastos que se pagarán en ejercicios futuros. Establece qué información debe acompañar a cada expediente y cómo se inician y comunican.

Actualiza las instrucciones internas para el control financiero permanente que realiza la Intervención General del Estado. Cambia cómo se elaboran, tramitan y comunican los informes de control y cómo se hace el seguimiento de sus resultados.

Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Cambia el nombre de algunos indicadores presupuestarios de la memoria de las cuentas anuales para evitar confusión con el «período medio de pago» de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Modifica los documentos contables y la instrucción de operatoria contable para la ejecución del gasto del Estado. Cambia notas y formatos de los anexos de seguimiento de fondos de la Unión Europea e información adicional, e incorpora en la regla 55 los expedientes financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-UE. También aplaza la entrada en vigor de varios puntos de la Orden HAC/820/2021.

Fija los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2021 en el gasto del Estado y en las operaciones no presupuestarias. Concreta fechas para tramitar modificaciones de crédito, fiscalizar expedientes, contabilizar operaciones y ordenar y realizar pagos.

Modifica el Plan General de Contabilidad Pública y las normas de cuentas anuales consolidadas del sector público. Añade una norma contable sobre los activos usados en concesiones de servicios públicos y cambia la denominación de algunos indicadores presupuestarios de la memoria.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para extender la banda ancha ultrarrápida en España. Adapta la norma al uso de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y al nuevo nombre del programa de infraestructuras digitales.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentos necesarios para tramitar el anteproyecto.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Modifica la resolución que regula las cuentas anuales de los fondos sin personalidad jurídica para adaptarla a la nueva redacción del artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. Desde ahora, la Intervención General publica en el BOE el 31 de julio una referencia al Registro de cuentas anuales del sector público, en lugar de los resúmenes de las cuentas. Deroga tres resoluciones anteriores que fijaban el contenido mínimo de esa información.

Aprueba cómo se reparten las funciones entre las divisiones de la Oficina de Informática Presupuestaria, que depende de la Intervención General de la Administración del Estado. Esta oficina se encarga de los sistemas informáticos de presupuestos, contabilidad y control económico del sector público estatal.