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Deja sin efecto el Acuerdo de 2015 que imponía condiciones especiales a la Comunidad Autónoma de Cataluña para acceder al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y garantizar la prestación de servicios públicos. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprueba esta retirada y ordena su publicación en el BOE.

La Intervención General de la Administración del Estado aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad de los fondos sin personalidad jurídica del artículo 2.2 de la Ley General Presupuestaria para los fondos que cubren riesgos por cuenta del Estado. La norma deroga la adaptación anterior y fija su entrada en vigor.

El Acuerdo regula la aportación de España al Fondo Conjunto para la Agenda 2030, un fondo de las Naciones Unidas que apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible. España aporta 10 millones de dólares y la Oficina de Fondos Fiduciarios de la ONU gestiona el dinero.

Fija el reparto definitivo entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los 5.000 millones de euros del Tramo 4 del Fondo COVID-19. Este tramo se reparte según criterios ligados a la caída de ingresos por la bajada de la actividad económica.

Fija cuánto dinero del Tramo 2 del Fondo COVID-19 recibe cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad Autónoma. El Tramo 2 reparte 3.000 millones de euros, sobre todo según el gasto sanitario. La orden concreta los importes definitivos de cada territorio.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 6/2020 de la Junta de Castilla y León, que regula medidas urgentes de recuperación económica y social en el ámbito local. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Fija el reparto definitivo de 2.000 millones de euros del tramo 3 del Fondo COVID-19 entre las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Este tramo se distribuye según criterios ligados al gasto en educación. El pago se hará antes de que acabe septiembre de 2020.

Establece las reglas de funcionamiento, movilización de recursos y liquidación del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, creado por el Real Decreto-ley 25/2020. Fija las condiciones y requisitos de las operaciones de apoyo público temporal a la solvencia financiadas con cargo al Fondo y la composición de su Consejo Gestor.

Fija el reparto definitivo entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de los 6.000 millones de euros del tramo 1 del Fondo COVID-19, destinado a gasto sanitario. La orden detalla el importe que corresponde a cada territorio.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2020, que crea el Fondo COVID-19 y fija las reglas para repartir y entregar su dinero. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que aprueba medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, sobre medidas sociales para reactivar el empleo, proteger el trabajo autónomo y mejorar la competitividad del sector industrial. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 6 de julio de 2020.

Modifica y reformula el Fondo General de Cooperación de España, un fondo creado en 2001 para canalizar recursos de España a proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo. El convenio adapta el fondo al Acuerdo Marco de 2018 y fija sus recursos, propósito, funcionamiento y administración.

Modifica la norma que fija el reaseguro del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados. Cambia cómo Agroseguro constituye y aplica sus reservas de estabilización: deja de hacerlo por grupos de reaseguro y pasa a hacerlo en dos bloques. También ajusta la participación en beneficios del Consorcio.

Amplía de forma extraordinaria el plazo para que las comunidades autónomas justifiquen los fondos que el Servicio Público de Empleo Estatal les entregó en 2019 para gestionar subvenciones del ámbito laboral. La ampliación se debe a la situación creada por el COVID-19.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2020 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos) su cuota de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. También actualiza el coste de esa aportación que se incluye en el precio voluntario para el pequeño consumidor de electricidad.

El Tribunal Constitucional anula el artículo 47.1 de la Ley de presupuestos de Canarias para 2019, que creaba un fondo de acción social para empleados públicos autonómicos. El tribunal considera que esa norma invade competencias del Estado sobre ordenación general de la economía.