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La Resolución regula cómo se retoma la formación presencial para el empleo que se había suspendido por el estado de alarma del COVID-19. Establece las condiciones para reanudar esa formación en empresas, centros de formación y programas públicos, de acuerdo con el Plan de transición a la nueva normalidad.

Establece cómo se pide el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas empleadas de hogar afectadas por el COVID-19. Fija el formulario, la declaración del empleador, los canales de presentación y el plazo de solicitud.

Establece cómo pedir el subsidio excepcional por desempleo para personas cuyo contrato temporal de al menos dos meses terminó tras el estado de alarma y que no tienen cotizaciones suficientes. Fija el formulario, el plazo de solicitud y las condiciones para cobrarlo.

Establece medidas temporales para que la formación profesional para el empleo pueda seguir impartiéndose durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite usar aulas virtuales como formación presencial, adapta la ejecución de los cursos y amplía plazos de programas formativos.

Amplía de forma extraordinaria el plazo para que las comunidades autónomas justifiquen los fondos que el Servicio Público de Empleo Estatal les entregó en 2019 para gestionar subvenciones del ámbito laboral. La ampliación se debe a la situación creada por el COVID-19.

Publica los acuerdos y resoluciones de la ONCE que adaptan sus actividades de juego durante el estado de alarma por el COVID-19. Incluye medidas sobre sorteos, escrutinios telemáticos y la suspensión del producto «Mi día».

Modifica de forma temporal los criterios comunes de acreditación de centros y servicios de atención a la dependencia. Permite que, si faltan profesionales titulados en la zona, otras personas con titulación distinta o con experiencia en cuidados puedan cubrir esos puestos. El régimen excepcional dura inicialmente tres meses y puede prorrogarse.