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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra dos decretos-leyes de la Generalitat de Cataluña sobre acceso a la vivienda. Declara nulos en parte los preceptos que consideran incumplimiento de la función social de la vivienda su desocupación permanente y las medidas para obligar a cumplirla.

Establece las bases reguladoras para conceder subvenciones de acción social a asociaciones, fundaciones, instituciones u organismos relacionados con las Fuerzas Armadas. Estas ayudas buscan atender a personal militar retirado, sus cónyuges viudos y huérfanos en situación de discapacidad o gran necesidad con bajos ingresos.

Establece cómo se clasifican las residencias de la Guardia Civil, quién puede usarlas y qué precios públicos se aplican por alojamiento y restauración. También fija los órganos de dirección y gestión y el sistema de financiación de estas residencias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica en vivienda y transportes. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y dos disposiciones adicionales de la Ley de Cataluña 11/2020, que regula la contención de rentas en los alquileres de vivienda. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio del Interior para 2021-2023. El plan fija objetivos, plazos, costes y financiación de ocho líneas de subvención en concurrencia competitiva, agrupadas en cinco objetivos estratégicos.

Establece el modelo y formato con los que las empresas distribuidoras de energía eléctrica deben enviar al Ministerio la información sobre los cortes de suministro realizados el año anterior en viviendas habituales de personas físicas con potencia contratada de hasta 10 kW. La información se envía por la aplicación GECOS antes del 31 de marzo de cada año.

El Ministerio del Interior aporta 500.000 euros a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para proyectos de retorno voluntario asistido y reintegración, y de gestión fronteriza integrada. Los proyectos se ejecutan hasta el 31 de diciembre de 2021.

El Consejo de Ministros toma conocimiento de que los centros del IMSERSO que estén disponibles pueden ponerse a disposición del Sistema Nacional de Salud y de los servicios sociales mientras dure la emergencia sanitaria de la COVID-19. La puesta a disposición se hace a petición de las comunidades autónomas o de INGESA y con cargo al presupuesto del IMSERSO.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 33/2020, que adopta medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Publica un acuerdo que modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El cambio afecta a las titulaciones y cualificaciones exigidas al personal que trabaja en ese sistema.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2019 del País Vasco, que modifica la Ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos por violencia de motivación política entre 1978 y 1999. La sentencia interpreta de forma conforme a la Constitución los preceptos sobre el deber de colaboración de los poderes públicos vascos y la función instructora de la comisión de valoración.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno Vasco contra varios artículos del Real Decreto-ley 15/2018 sobre el bono social térmico. Declara nulos los preceptos que fijan la modalidad y el momento de pago de esa ayuda, las obligaciones informativas de las comercializadoras y la gestión y pago centralizados con cargo a los presupuestos del Estado de 2019.

El Congreso de los Diputados aprueba la convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, y ordena su publicación. La norma había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2020.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a entidades que colaboren en ejecutar y seguir las medidas alternativas a la prisión y ciertos programas de atención social. Regula quién puede pedirlas, cómo se solicitan, valoran y justifican, y cómo se controlan y reintegran.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 3/2019 de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana. Declara nulos los preceptos que fijan porcentajes de financiación a cargo de las diputaciones provinciales para costes de personal y prestaciones municipales, por vulnerar la autonomía local.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley del País Vasco 5/2019, que modificó la ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política entre 1978 y 1999. La sentencia interpreta varios preceptos de esa ley autonómica conforme al principio de exclusividad judicial.

Establece las bases para conceder subvenciones en 2020 dentro del Programa europeo Cuerpo Europeo de Solidaridad, que promueve el voluntariado y la participación de jóvenes y organizaciones en actividades de solidaridad. Fija requisitos, criterios de concesión, pagos y control de las ayudas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra dos decretos-ley de la Generalitat de Cataluña sobre medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y contra su convalidación por el Parlamento de Cataluña.