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Fija una lista de subgrupos de clasificación de contratistas de obras en los que, para acreditar la experiencia y asignar categorías, se tendrán en cuenta las obras ejecutadas en los últimos diez años y en el año en curso, en lugar del periodo general de cinco años.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados del artículo 12 de una ley de La Rioja de 2023. La norma autonómica declaraba urgente, sin motivación, la tramitación de gastos financiados con fondos europeos de recuperación. El tribunal examina si esa regulación invade competencias estatales sobre contratación pública y procedimiento administrativo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos apartados del artículo 12 de una ley de medidas fiscales y administrativas de La Rioja para 2024. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.

Establece las normas para calcular los costes admisibles y fijar los precios de los contratos, acuerdos técnicos y otros negocios onerosos de obtención de recursos del Ministerio de Defensa cuando la concurrencia de ofertas es restringida. Sustituye a la Orden 283/1998, de 15 de octubre.

Modifica la redacción de la Orden que crea la Junta de Contratación del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Aclara qué contratos quedan excluidos de la Junta: los adjudicados por procedimiento abierto simplificado cuando se tramiten según el artículo 159.6 de la Ley de Contratos del Sector Público.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra dos apartados de la Ley Foral 17/2021 de Navarra, que modifican la Ley Foral de Contratos Públicos. Se impugnan las nuevas letras l) y m) del artículo 7.1 y una nueva disposición adicional vigesimoprimera.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de Aragón contra varios artículos de la Ley de contratos del sector público. Declara nulos algunos preceptos estatales sobre el órgano que resuelve el recurso especial en contratación y sobre el perfil del contratante de las entidades locales, y fija la interpretación de otros conforme a la Constitución.