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Fija una lista de subgrupos de clasificación de contratistas de obras en los que, para acreditar la experiencia y asignar categorías, se tendrán en cuenta las obras ejecutadas en los últimos diez años y en el año en curso, en lugar del periodo general de cinco años.

Modifica la norma que regula la declaración sobre la red y el reparto de capacidad en la infraestructura ferroviaria. Adelanta los plazos para solicitar capacidad, impulsa las comunicaciones digitales entre operadores y gestor de infraestructuras y actualiza los criterios de prioridad en tramos congestionados.

Actualiza las cuantías que marcan los umbrales de los contratos del sector público a partir del 1 de enero de 2026, para adaptarlas a los nuevos límites fijados por la Comisión Europea. Afecta a la Ley de Contratos del Sector Público, al Real Decreto-ley 3/2020 y a la Ley 24/2011 de contratos de defensa y seguridad.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece las normas para calcular los costes admisibles y fijar los precios de los contratos, acuerdos técnicos y otros negocios onerosos de obtención de recursos del Ministerio de Defensa cuando la concurrencia de ofertas es restringida. Sustituye a la Orden 283/1998, de 15 de octubre.

Actualiza las cuantías que determinan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2024, para adaptarlas a los nuevos umbrales fijados por la Comisión Europea. Sustituye varias cifras en la Ley de Contratos del Sector Público, en el Real Decreto-ley 3/2020 y en la Ley 24/2011.

Modifica el procedimiento de adhesión a la Central de Contratación del Estado para incluir también los sistemas dinámicos de adquisición, además de los acuerdos marco. Las entidades que se adhieran deberán contratar a través de ellos, salvo excepciones justificadas.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.

Actualiza las cifras que marcan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2022. Sustituye los umbrales anteriores por los fijados por la Comisión Europea en cuatro reglamentos de noviembre de 2021.

Regula cómo se organiza y funciona la Oficina Nacional de Evaluación, un órgano colegiado que analiza la eficiencia y sostenibilidad del gasto público y de los proyectos de colaboración público-privada. Establece su Pleno, su Unidad Técnica, los informes que debe emitir y los plazos para hacerlo.

Declara de contratación centralizada estatal determinados medicamentos, productos sanitarios y servicios sanitarios. Reúne en una sola orden el contenido de dos órdenes anteriores de 2014 y actualiza la lista de productos sanitarios incluidos.

Modifica varias órdenes de contabilidad pública para crear un documento de seguimiento de gastos financiados con fondos de la Unión Europea, precisar la fecha de gasto en ciertas operaciones e incorporar el código DIR3 del centro gestor y de la unidad tramitadora en los documentos contables.

Regula la contratación centralizada en el Ministerio de Defensa y fija la composición y competencias de sus Juntas de Contratación. Actualiza las referencias a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y a la Ley 40/2015, y exige formación técnica en contratación pública a los miembros de las Juntas.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas destinadas a formación en la metodología BIM (modelado digital de información para la construcción) aplicada a la contratación pública. Regula quién puede solicitarlas, cómo se conceden, qué gastos se cubren y cómo se justifican.

Regula cómo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana compra mascarillas de forma centralizada y cómo las reparte. Las destina al personal que trabaja en el transporte de mercancías y de viajeros durante la emergencia por COVID-19.