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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, que adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Permite que los actos de recepción de entregas durante el estado de alarma por el COVID-19 se realicen sin la asistencia de los representantes de la Intervención General. La comprobación de la inversión se justifica con un acta o certificado del responsable del centro.

Permite sustituir temporalmente la función interventora por el control financiero permanente en el sector público estatal mientras dure la situación excepcional por el COVID-19. El Interventor General de la Administración del Estado decide a qué expedientes, áreas y organismos se aplica mediante resolución.

Regula cómo el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana compra mascarillas de forma centralizada y cómo las reparte. Las destina al personal que trabaja en el transporte de mercancías y de viajeros durante la emergencia por COVID-19.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes de seguridad pública en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Cataluña contra varios artículos y disposiciones del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes de seguridad pública en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones.

El Tribunal Supremo estima un recurso del Ministerio Fiscal y fija doctrina: los contratos de colaboración social firmados antes del 27 de diciembre de 2013 y vigentes al 31 de diciembre de 2014 siguen siendo válidos, sea la actividad temporal o permanente, y no se consideran contratos laborales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2020, que incorpora al ordenamiento jurídico español varias directivas de la Unión Europea. Las materias afectadas son la contratación pública en determinados sectores, los seguros privados, los planes y fondos de pensiones, el ámbito tributario y los litigios fiscales.

Aprueba las tarifas que la sociedad estatal SENASA cobrará por los trabajos que le encargue la Administración en materia de navegación aérea y seguridad aeronáutica, incluidas nuevas actividades. Las tarifas figuran en un anexo y deben cubrir el coste real del servicio.