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Regula el transporte marítimo de pasajeros y mercancías entre puertos o puntos de Cantabria. Crea un registro de empresas de transporte marítimo, fija deberes de información y control, y recoge los derechos y deberes de las personas usuarias. También establece infracciones, sanciones y el procedimiento sancionador.

Crea en Extremadura un nuevo grado de dependencia extrema (Grado III+) para personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Regula su reconocimiento, sus efectos y el programa individual de atención, y modifica varias normas autonómicas sobre dependencia y ayudas económicas.

Modifica la Ley de puertos de las Illes Balears para adaptarla a la normativa estatal. Añade un artículo sobre embarcaciones, vehículos y objetos abandonados en zonas portuarias de gestión directa y habilita al Consejo de Gobierno para desarrollarla.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Cantabria. Permite que los policías locales en prácticas porten armas de fuego y que sus cursos y prácticas previas cuenten en cualquier proceso selectivo o de promoción interna, sin límite de cinco años. Aclara quién paga a los funcionarios en prácticas y amplía el número de aspirantes que pueden hacer el curso básico.

La ley tipifica como infracciones administrativas las agresiones a profesionales sanitarios y demás personal de la red sanitaria pública de la Región de Murcia cuando actúan en sus funciones. Establece las sanciones correspondientes y el procedimiento para imponerlas.

Modifica la Ley de Caza de Cantabria y el decreto que regula la Reserva Regional de Caza Saja. Simplifica el procedimiento para renovar los cotos de caza, que siguen durando diez años, y mantiene la información pública en la renovación.

Establece medidas en Canarias para paliar los efectos de la crisis en Oriente Medio. Incluye rebajas fiscales en el Impuesto General Indirecto Canario para productos energéticos y alimentos, devoluciones de impuestos sobre combustibles a agricultores y transportistas, y ayudas al sector industrial y primario.

Modifica normas fiscales y administrativas de Cantabria para 2026. Incluye cambios en la tasa de gestión final de residuos urbanos y en tributos cedidos, y ajusta varias leyes autonómicas sobre administración, subvenciones, protección civil, urbanismo, carreteras, sanidad y personal sanitario.

La ley regula la simplificación administrativa en La Rioja: reduce trámites y cargas para ciudadanos y empresas, ordena la intervención administrativa, impulsa la transformación digital y fija reglas de calidad normativa y un régimen sancionador.

Modifica la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias. En el suelo, regula la vigencia y posible prórroga del informe ambiental estratégico. En cooperativas, cambia el apartado primero de su disposición transitoria segunda.

Amplía el periodo durante el cual se aplica el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a determinadas operaciones relacionadas con la erupción volcánica de La Palma. Modifica el texto refundido de las normas legales de Canarias sobre este impuesto.

Habilita a la Comunidad de Madrid para ejercer la acción popular en procesos penales por delitos de incendio forestal, desórdenes públicos en espectáculos y delitos contra el patrimonio cultural. Para ello modifica tres leyes autonómicas.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2026: fija los créditos iniciales, su financiación, los beneficios fiscales y las normas de gestión del gasto, endeudamiento y personal. Incluye reglas sobre contratación pública y modificaciones presupuestarias.

Reconoce la Universidad de Mallorca como universidad con sede en la isla de Mallorca, a petición de sus promotores. Regula su creación y funcionamiento conforme a la normativa universitaria estatal y autonómica, y modifica la Ley 2/2003 de organización del sistema universitario de las Illes Balears.

La ley regula la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Andalucía. Establece cómo se clasifican y declaran los bienes culturales, quién tiene competencias y qué obligaciones existen para sus propietarios. También crea instrumentos de registro e información y fija un régimen de inspección y sanciones.

Regula la renta valenciana de inclusión, una prestación económica y de acompañamiento para personas en situación de vulnerabilidad social o económica en la Comunitat Valenciana. Establece los requisitos de acceso, las cuantías y complementos, los itinerarios de inclusión y el procedimiento para solicitarla, mantenerla o perderla.

Modifica la Ley de salud de Galicia para añadir medidas de prevención y protección frente a la violencia contra el personal sanitario. Incluye campañas de sensibilización social y regula cómo se aplican las medidas ya adoptadas.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

Modifica las normas de Canarias sobre las prestaciones económicas de atención a la dependencia. Regula la prestación de asistencia personal y el régimen de compatibilidades e incompatibilidades entre prestaciones, adaptándolo al nuevo Grado III+ de dependencia extrema.