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Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Establece el régimen jurídico de los envases y sus residuos en España. Fija objetivos de prevención, reutilización, reciclado y valorización, y regula la responsabilidad ampliada del productor, los sistemas de depósito y devolución y las obligaciones de información y control.

Crea y regula el Registro de Contratos Alimentarios, un registro digital obligatorio para los contratos entre productores primarios y sus compradores. Establece quién debe inscribirse, cómo hacerlo y el acceso de las autoridades.

Establece requisitos de higiene para producir y vender alimentos en comercios al por menor, como temperaturas, congelación, comidas preparadas, carnes, pescado, huevo y donación de alimentos. También regula adaptaciones de higiene, controles oficiales y sanciones.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Modifica el Real Decreto 237/2000, que fija las especificaciones técnicas de los vehículos especiales para transportar productos alimentarios a temperatura regulada. Actualiza los procedimientos de control de conformidad para usar medios electrónicos en certificados y contraseñas de certificación de tipo.

Regula cómo se aplican en España las normas europeas de higiene en la producción y venta de alimentos. Establece excepciones y adaptaciones para ciertos establecimientos y productos, y fija qué actividades quedan fuera de esas normas, como el consumo doméstico privado y el suministro directo de pequeñas cantidades.

Establece bonificaciones en tributos gestionados por Aragón para 2020: la tasa sobre el juego (máquinas recreativas, bingo y casinos) y el impuesto medioambiental sobre grandes áreas de venta. Se aprueban para paliar el efecto de la suspensión de actividad por la crisis sanitaria.

La ley regula la prevención de las pérdidas y el despilfarro de alimentos en Cataluña. Establece obligaciones para las empresas de la cadena alimentaria, la restauración, la Administración y las entidades sociales que distribuyen alimentos. También fija un plan estratégico de prevención y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y corregir los desequilibrios entre proveedores y compradores. Establece medidas urgentes ante la crisis del sector agrario y prevé un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.