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Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

La ley actualiza la normativa de ordenación del territorio y urbanismo de Castilla-La Mancha. Introduce principios de desarrollo sostenible y simplifica los trámites administrativos urbanísticos, con medidas para impulsar la actividad económica, especialmente en zonas rurales.

Modifica la Ley de salud de Galicia para regular la Estrategia gallega de salud, sus contenidos, tramitación y su desarrollo sectorial y territorial mediante planes de salud de área y planes locales de salud. Incluye una disposición transitoria sobre el régimen sancionador.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Establece reglas específicas para tramitar los procedimientos sancionadores en materia de sanidad vegetal y de sanidad y protección animal cuando la competencia es de la Administración General del Estado, en el ámbito de importaciones y exportaciones. Fija el plazo de tramitación y una reducción de la sanción pecuniaria.

Crea una reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha y una corporación para gestionarla. Obliga a los centros sanitarios, sociosanitarios y sociales de la región a mantener existencias mínimas de material sanitario. Regula también las infracciones y sanciones por incumplir estas obligaciones.

Modifica el Decreto-ley 11/2020, que creó un régimen sancionador específico para los incumplimientos de las normas dictadas frente a la COVID-19 en las Illes Balears. La norma adapta ese régimen a la nueva situación sanitaria y al nuevo estado de alarma.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Modifica el régimen sancionador de las Illes Balears para la COVID-19 y regula los contratos de patrocinio institucional. Aclara que también son infracción la comercialización, organización y publicidad de reuniones o fiestas que puedan causar aglomeraciones.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica la Ley General Tributaria para obligar a comunicar a la Administración determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Traslada al derecho español una directiva europea sobre intercambio automático de información fiscal. La obligación afecta a los intermediarios que diseñan o comercializan estos mecanismos y a los contribuyentes que los usan.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Establece medidas urgentes ante la crisis del sector agrario, con normas sobre las relaciones entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios.

Modifica la Ley 1/2005, que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para adaptarla a la Directiva (UE) 2018/410. Actualiza normas sobre asignación gratuita, seguimiento y notificación de emisiones, verificación de datos, registro y derechos del sector de la aviación.

Modifica el reglamento de la Ley del Cine para que las personas físicas del sector se relacionen con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales solo por medios electrónicos. También obliga a todas las salas de cine a controlar la asistencia y declarar rendimientos mediante el procedimiento ordinario de los «Buzones».

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Establece el régimen de infracciones y sanciones en Navarra por incumplir las medidas de prevención y contención sanitarias frente a la COVID-19. Regula qué conductas se consideran leves, graves o muy graves, las sanciones aplicables y el procedimiento para imponerlas.

Establece un régimen sancionador específico en Cataluña para quien incumpla las medidas de prevención y contención sanitarias frente a la COVID-19. Regula la inspección, las infracciones y su clasificación, las sanciones y el procedimiento para imponerlas.

Establece un régimen de contención de rentas en los contratos de alquiler de vivienda en las zonas declaradas como áreas con mercado de vivienda tenso. Fija cómo se determina la renta inicial y su actualización mediante un índice de referencia de precios. También modifica varias leyes catalanas sobre el derecho a la vivienda.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.