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Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece los grados A, B y C de formación profesional para títulos de las familias de Actividades Físicas y Deportivas, Comercio y Marketing y Marítimo-Pesquera. Regula el profesorado, la estancia en empresa, la duración, los espacios, el acceso y la titulación de estas ofertas formativas.

Regula el límite máximo de las ayudas de minimis en el sector agrícola y pesquero, y el procedimiento para que no se superen los topes nacional y sectorial fijados por la normativa europea. Establece límites individuales por empresa y un registro para controlar las ayudas concedidas.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos que refuercen la industria de transformación de productos de la pesca y la acuicultura. Estas ayudas se financian con fondos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación y del Proyecto Estratégico del sector agroalimentario.

Regula la pesca en las aguas de Navarra: quién puede pescar y con qué licencias y permisos, qué especies se pueden capturar, qué artes están permitidas y cómo se conservan los hábitats. También ordena las aguas por tipos, la planificación pesquera y el régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la norma que regula las organizaciones profesionales del sector de los productos de la pesca y la acuicultura. Actualiza su contenido para adaptarlo a la normativa europea sobre la Política Pesquera Común y la organización común de mercados. También cambia las tallas mínimas de algunas especies pesqueras.

Modifica el Código Penal para reforzar la protección de los animales. Amplía los animales protegidos a todos los vertebrados, incluidos los silvestres, y actualiza los delitos de maltrato, explotación sexual y abandono.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos de Cantabria de 2022. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre servicios sociales, empleo, salud, medio ambiente, turismo, consumo y transporte, entre otras.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños de la erupción volcánica de La Palma y reconstruir la isla. Incluye apoyos para vivienda, empleo, Seguridad Social, consumo, impuestos, suministros, infraestructuras, agricultura y pesca.

Establece las bases para dar subvenciones a agrupaciones de entidades que hagan proyectos de inversión y reforma en investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector pesquero y la acuicultura. También convoca estas ayudas para 2021, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece los límites para aplicar el régimen simplificado y el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Modifica la Ley 4/2012 para coordinar estos regímenes con el método de estimación objetiva del IRPF. Fija un plazo para comunicar a la Agencia Tributaria Canaria la inclusión en estos regímenes.