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Reforma el sistema público de pensiones para mantener su poder adquisitivo y reforzar su sostenibilidad financiera y social. Modifica la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas, y crea un mecanismo de equidad intergeneracional.

Modifica varios reales decretos sobre la Seguridad Social para adaptar la estructura y las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Ministerio de Inclusión. Actualiza el reparto de competencias en incapacidades laborales y en la gestión de prestaciones, y suprime funciones informáticas de la Secretaría General.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo previsto en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. Modifica ese texto refundido para eliminar esa causa de extinción del contrato.

Establece medidas urgentes y temporales para asegurar que haya suficientes trabajadores en las labores agrarias durante la crisis del COVID-19. Regula quién puede acogerse a la flexibilización laboral, la compatibilidad de prestaciones y las obligaciones de las empresas.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.

Deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo del artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. Con ello, deja de permitirse extinguir el contrato con indemnización reducida por superar ciertos porcentajes de ausencias justificadas o injustificadas.