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Modifica el Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). El cambio busca que la información penal sobre profesionales con inhabilitación o prohibición para ejercer en el ámbito docente y sanitario pueda enviarse al mecanismo de alerta europeo (IMI).

Aprueba el nuevo Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo público independiente. El estatuto regula su naturaleza, fines, funciones, órganos, personal y régimen económico. Sustituye al estatuto aprobado en 2014.

Modifica la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia. Sustituye el Consejo de la Transparencia por un Comisionado de Transparencia, órgano unipersonal e independiente, y crea una Comisión de Transparencia para resolver reclamaciones antes de acudir a los tribunales.

Crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Regula las declaraciones de patrimonio y de actividades de los cargos públicos y la organización del Registro. Dispone la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción y la integración de registros existentes.

Modifica el Real Decreto que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a llamarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Regula la inscripción, el acceso, la cancelación y la certificación de datos, e incorpora la comprobación automatizada de antecedentes.

Deroga la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. Además, modifica varias leyes aragonesas sobre archivos, patrimonio cultural, transparencia y financiación municipal.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para que los ayuntamientos comuniquen al Instituto Nacional de Estadística (INE) los cambios del padrón municipal en tiempo real, en lugar de cada mes. También prevé la interconexión entre los padrones y el INE.

Establece las normas y procedimientos de diligencia debida que los operadores de plataformas digitales deben aplicar para identificar a sus vendedores y recoger sus datos. Con esa información, los operadores deben comunicarla a la Administración tributaria para el intercambio automático con otros países.

Crea y regula el Registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, de intercambio de vídeos a través de plataforma y de agregación de servicios audiovisuales. Establece cómo se inscriben estos prestadores y el procedimiento de comunicación previa del inicio de actividad.

Aprueba el Plan Vasco de Estadística para el periodo 2023-2026, que fija las estadísticas y actividades estadísticas que realizará la Comunidad Autónoma de Euskadi en ese cuatrienio. También modifica la Ley 4/1986 de Estadística de Euskadi para adaptarla a las nuevas necesidades.

Modifica el Reglamento de Armas para actualizar el control sobre la adquisición, tenencia y uso de armas. Cambia el registro de datos sobre armas y las obligaciones de identificación de sus propietarios ante la Guardia Civil.

Regula los archivos y los documentos de la Comunidad de Madrid. Crea el Sistema de Archivos de la Comunidad de Madrid y fija sus órganos, la gestión documental, el acceso a los documentos y el patrimonio documental madrileño. También establece la inspección y las sanciones.

Regula el Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Establece el derecho de acceso a estos servicios, las prestaciones que incluye, cómo se organizan y quién es competente. También fija reglas sobre profesionales, registros, planificación, financiación e infracciones.

Regula el derecho de la ciudadanía de la Comunitat Valenciana a participar en los asuntos públicos y fomenta el asociacionismo. Crea mecanismos como procesos participativos, iniciativa ciudadana, consultas y presupuestos participativos, y órganos como el Consejo de Participación Ciudadana y el portal de participación.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

La ley regula la gestión del agua de uso urbano en Extremadura: quién tiene competencias (Junta, municipios y entes supramunicipales), cómo se planifica y se da información al público, cómo se financian los servicios y qué infracciones y sanciones existen.

Adapta la ley española al Reglamento europeo sobre Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial penal. Regula el miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción entre países, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal del Ministerio de Justicia en el exterior.

La ley regula el reconocimiento, la reparación y la dignificación de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España y la dictadura franquista. Crea instrumentos para buscar e identificar a personas desaparecidas y ordena retirar símbolos contrarios a la memoria democrática.