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Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector para dar formación en competencias digitales a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y fija el procedimiento, los gastos subvencionables y las obligaciones de las entidades.

Establece medidas para facilitar el acceso de las personas dependientes y con discapacidad a los servicios sociales públicos de Cataluña. Sube los importes máximo y mínimo de la prestación económica para residencia asistida y declara gratuitas algunas prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales.

Modifica la ley catalana contra la violencia machista para regular las indemnizaciones y ayudas a las mujeres víctimas y ampliar el derecho a la reparación integral. Añade dos disposiciones adicionales a la Ley 5/2008 y fija la coordinación entre departamentos y los efectos presupuestarios.

Modifica la Ley 4/2017 de derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía. Cambia las reglas sobre instalaciones con máquinas expendedoras o suministradoras automáticas de bienes que puedan afectar a la seguridad, como combustibles. También modifica el Decreto 537/2004 sobre derechos de los consumidores.

Actualiza y modifica parcialmente varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en las familias de Informática y Comunicaciones, Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos. También fija la correspondencia entre unidades de competencia suprimidas y sus equivalentes actuales.

Modifica el Real Decreto 1051/2013, que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Cambia requisitos y condiciones de acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, y ajusta cuantías e intensidades de servicios y prestaciones.

Regula la concesión directa de una subvención al Comité Olímpico Español para promover la práctica del deporte en los centros de la red pública de migraciones y favorecer la integración de sus residentes en la sociedad española.

Obliga a las comercializadoras de referencia a enviar cada año al Gobierno Vasco una lista de sus clientes que reciben el bono social eléctrico, para poder calcular y pagar el bono social térmico. La lista debe incluir datos personales, domicilio, grado de vulnerabilidad y cuenta bancaria.

La ley regula los derechos de los niños y adolescentes en la Comunidad de Madrid y establece un sistema de protección integral frente a la violencia. También organiza las competencias de la administración autonómica, el sistema de protección de menores y un régimen sancionador.

Modifica la Ley del juego y las apuestas de las Illes Balears y el Reglamento de casinos. También cambia otras normas sobre prestaciones sociales, presupuestos, proyectos industriales, educación y reconocimiento de discapacidad y dependencia.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

Regula las prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. Incluye la renta social garantizada, un complemento a las pensiones no contributivas y una renta de emancipación para jóvenes que han estado bajo tutela o guarda de protección de menores. También prevé prestaciones de concurrencia, de urgencia social y de apoyo familiar e inserción.

Regula las sociedades cooperativas en las Illes Balears: su constitución, las personas socias, los órganos de gobierno, el régimen económico, las clases de cooperativas y el Registro de Cooperativas. También establece el fomento del cooperativismo y las funciones de inspección y sanción de la Administración.

Crea la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, que sustituye a la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. La nueva agencia presta apoyo jurídico, social y económico a personas adultas con discapacidad para que puedan tomar sus propias decisiones.

Regula el Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Establece el derecho de acceso a estos servicios, las prestaciones que incluye, cómo se organizan y quién es competente. También fija reglas sobre profesionales, registros, planificación, financiación e infracciones.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que cobran Pensiones No Contributivas, Fondo de Asistencia Social o Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y residen en Canarias, para hacer frente a efectos sociales de la COVID-19 en 2022. También modifica algunos puntos de la Ley 5/2022 de Renta Canaria de Ciudadanía.

Concede un crédito extraordinario de 9.788.715,24 euros en el presupuesto de 2023 para financiar gastos de varios departamentos del Gobierno de Navarra. También modifica la Ley Foral de Servicios Sociales para regular el tratamiento de datos de la Historia Social Única.

Modifica la Ley de Juventud de Aragón para cambiar los principios de los programas y servicios dirigidos a jóvenes y regular el Consejo Aragonés de la Juventud: su naturaleza, fines, funciones, entidades que lo forman, órganos y régimen de personal y económico. También crea asesorías propias en el ámbito de la juventud y modifica la ley del Instituto Aragonés de la Juventud.