Buscar en el BOE

Modifica el anexo III del Real Decreto 1173/2015, que regula las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera. Actualiza el baremo para calcular el importe de estas ayudas.

Actualiza el baremo para calcular las ayudas por paralización temporal de la actividad pesquera en el periodo 2021-2027. Modifica el anexo III del Real Decreto 1173/2015, que fija las cuantías máximas de indemnización para armadores según el arte de pesca.

Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.

Establece las bases para dar subvenciones a armadores y al sector pesquero, acuícola, comercializador y transformador. Las ayudas financian sistemas de seguimiento electrónico remoto, la digitalización de la flota pequeña y el apoyo al sector, y se convocan para 2021.

Establece las bases para dar ayudas a los pescadores y empresas pesqueras que tuvieron que parar su actividad por la pandemia de COVID-19. También convoca estas ayudas para el primer tramo de 2020 y modifica normas sobre organizaciones pesqueras y pesca recreativa.

Prolonga y adapta las medidas laborales extraordinarias aprobadas por el COVID-19, como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones por desempleo asociadas. También regula apoyos a trabajadores autónomos y crea un fondo estatal para garantizar riesgos de compra de energía eléctrica de empresas electrointensivas.