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Aprueba el nuevo arancel de derechos de los profesionales de la Procura, que sustituye al de 2003. Fija cómo se calculan y cobran sus derechos en los distintos órdenes judiciales y actuaciones. Establece un máximo de 75.000 euros por asunto y elimina los mínimos.

Aprueba el formulario del boletín estadístico que los administradores concursales deben presentar junto con la rendición de cuentas. El formulario recoge datos identificativos del concurso, retribuciones y horas de trabajo, y se remite al Registro Público Concursal.

Establece un nuevo Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual. Modifica normas sobre protección de deudores hipotecarios y adopta otras medidas para mejorar el mercado de préstamos hipotecarios.

Modifica el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales para adaptarlo al Derecho de la Unión Europea. Suprime los aranceles mínimos obligatorios y establece un sistema de aranceles máximos. Permite que el procurador y su cliente pacten una retribución inferior.

Modifica la Ley 34/2006 para unificar el acceso a las profesiones de abogado y procurador: se exige el mismo título de Derecho y el mismo máster para ambas, y quien supere la evaluación podrá ejercer una u otra con la colegiación. También cambia el régimen de sociedades profesionales y el sistema de aranceles de la procura.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el plazo para conceder avales públicos a autónomos y empresas, extiende los vencimientos y carencias de financiación avalada y permite avalar pagarés del MARF. También incluye medidas sobre gasoductos, subastas de derechos de emisión y tipos de IVA reducidos en bienes sanitarios.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.

Establece medidas para apoyar la reactivación económica y el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye líneas de avales y un fondo de solvencia para empresas, moratorias de préstamos hipotecarios para inmuebles turísticos, planes de sostenibilidad turística y subvenciones para proyectos.