Buscar en el BOE

Regula las finanzas de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2026 y se mantiene prorrogado el presupuesto de 2023. Fija los aumentos de sueldo de 2025 y 2026 del personal público, actualiza las pensiones y el indicador de renta de suficiencia de Cataluña.

Modifica la Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para permitir que la reserva para inversiones en Canarias (RIC) se use en comprar o construir viviendas en las islas destinadas a alquiler habitual. También permite aplicar la reserva a inversiones que creen empleo relacionado con esas viviendas.

Modifica la Ley de Presupuestos Generales de Euskadi para 2025. El cambio afecta al límite máximo de endeudamiento a largo plazo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para ese ejercicio, para ajustarlo a los objetivos de déficit y deuda acordados.

Regula las autorizaciones de endeudamiento y avales de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2025 y se prorrogan los de 2023. También fija el incremento del indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que sirve para valorar la situación económica de las personas que piden prestaciones sociales.

Aprueba un conjunto de medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y de apoyo a colectivos vulnerables. Incluye ayudas directas al transporte público, descuentos en abonos y títulos multiviaje, y medidas sobre pensiones, empleo y vivienda.

Corrige un error de votación en el Parlamento de las Illes Balears que aprobó por error 34 enmiendas de otro grupo. Deja sin efecto esos preceptos y restablece el contenido de varias leyes autonómicas sobre espacios naturales, agricultura, educación, empleo público, turismo, urbanismo y vivienda.

Regula las necesidades financieras de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2024 y se mantiene prorrogado el presupuesto de 2023. También modifica la Ley 11/2011 para licitar un nuevo contrato de gestión del IDIADA y ordenar la venta de parte de sus acciones.

Autoriza al Gobierno de la Generalitat a endeudarse y a conceder avales y otras garantías para cubrir necesidades financieras del sector público durante 2023, mientras los presupuestos están prorrogados. La prórroga aplica los presupuestos de 2022 hasta que se aprueben los nuevos.

Modifica los Presupuestos Generales de la Región de Murcia para 2022 para aplicar un aumento adicional del 1,5 % en las retribuciones del personal del sector público autonómico, con efectos desde el 1 de enero de 2022. Ajusta los estados de gastos e ingresos y los presupuestos de las entidades públicas, y regula el endeudamiento para financiar ese aumento.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2021. Fija los créditos iniciales de la Administración General, sus organismos autónomos y entidades públicas, y regula su financiación. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión presupuestaria, deuda pública y tributos.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2021: fija los créditos y dotaciones iniciales, su financiación y las normas para gestionar gastos e ingresos. Incluye medidas sobre personal, tasas y un canon sobre el vertido e incineración de residuos.

Establece las autorizaciones de endeudamiento, avales y otras garantías necesarias para cubrir las necesidades financieras del sector público de Cataluña mientras el presupuesto de 2021 está prorrogado. La prórroga mantiene vigentes los créditos iniciales del presupuesto de 2020.

Exime del IRPF el ingreso mínimo vital y otras ayudas de subsistencia hasta un límite conjunto anual. También aprueba una ampliación de crédito para el Ministerio de Hacienda y modifica dos leyes fiscales para ejecutar sentencias judiciales.

Autoriza al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a concertar operaciones de crédito a largo plazo por un importe máximo de 74 millones de euros. El objetivo es cubrir las necesidades de financiación generadas por el déficit público de 2019 y agilizar el pago a proveedores.

Aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, que regula cómo se constituyen, cancelan, devuelven e incautan garantías y depósitos ante este órgano. Establece las reglas de procedimiento y las distintas formas de garantía: efectivo, aval, seguro de caución y valores de deuda pública.

Modifica el artículo 10 de la Ley de Presupuestos del País Vasco de 2020 para elevar el límite máximo de endeudamiento a largo plazo de la Administración autonómica. El saldo al cierre del ejercicio no podrá superar el del inicio en más de 1.546.237.355 euros.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.

Autoriza endeudamiento público, avales y otras garantías para cubrir necesidades financieras urgentes mientras los presupuestos de la Generalidad de Cataluña están prorrogados en 2020. También modifica el texto refundido de la legislación de aguas de Cataluña en lo relativo al tipo de interés aplicable al colector de salmueras.