Ley 1/2020, de 25 de noviembre, de autorización de endeudamiento como consecuencia de las necesidades de financiación generadas por el déficit público del ejercicio 2019.
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias · 18 de diciembre de 2020
En pocas palabras
Autoriza al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a concertar operaciones de crédito a largo plazo por un importe máximo de 74 millones de euros. El objetivo es cubrir las necesidades de financiación generadas por el déficit público de 2019 y agilizar el pago a proveedores.
Qué cambia
Permite al Principado de Asturias disponer de recursos de tesorería para pagar antes a sus proveedores. El Consejo de Gobierno deberá informar a la Junta General de las operaciones que concierte.
- A quién afecta
- proveedores de la Administración del Principado de Asturias · Consejo de Gobierno del Principado de Asturias · Consejería de Hacienda del Principado de Asturias · Junta General del Principado de Asturias
- Cifras
- endeudamiento autorizado: 74.000.000 euros
- déficit del ejercicio 2019: 180 millones de euros
- déficit de 2019 en porcentaje del PIB: 0,7%
- objetivo de déficit del ejercicio: 0,6% del PIB
- déficit de 2019 pendiente de financiar: 74 millones de euros
- Impuestos y cuentas públicas
- Economía, empresas y consumo
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento como consecuencia de las necesidades de financiación generadas por el déficit público del ejercicio 2019.
PREÁMBULO
1. El artículo 33.1 de la Ley del Principado de Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2020, autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Hacienda, a disponer la realización de operaciones de crédito a largo plazo o la emisión de deuda pública hasta un importe máximo de 627.329.000 euros.
Según prevé el punto 3 del citado artículo, el endeudamiento formalizado se destinará a la financiación de los créditos recogidos en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2020, respetando lo previsto a estos efectos en la legislación vigente.
2. Con fecha 5 de octubre de 2020, en sesión plenaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la Ministra de Hacienda informó sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto por las comunidades autónomas en el ejercicio 2019, conforme al informe publicado en aplicación del artículo 17.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Según el citado informe, elaborado en el mes de mayo, el Principado de Asturias cerró el ejercicio 2019 con un déficit de 180 millones de euros en términos de contabilidad nacional, cuantía que supone un 0,7% del PIB y una desviación con respecto al objetivo del ejercicio del 0,6% del PIB.
Teniendo en cuenta el déficit del ejercicio y el exceso de financiación pendiente de compensar al cierre de 2019, el Ministerio de Hacienda estima que el déficit sin financiar con origen en el ejercicio 2019 se sitúa para el Principado de Asturias en 74 millones de euros.
Las desviaciones del objetivo de déficit, al no disponer de financiación presupuestaria, generan un remanente negativo de tesorería y dificultan el cumplimiento del período medio de pago a proveedores, siendo en este momento más necesario que nunca que la Administración haga frente a sus obligaciones con terceros con la mayor agilidad posible.
3. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su disposición adicional primera, habilitó al Estado para crear mecanismos adicionales de financiación destinados a las comunidades autónomas.