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Este real decreto-ley reúne medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y para apoyar la reconstrucción de La Palma. Incluye actuaciones en energía, sector primario, transporte y protección de colectivos vulnerables.

Crea y regula el Registro de Contratos Alimentarios, un registro digital obligatorio para los contratos entre productores primarios y sus compradores. Establece quién debe inscribirse, cómo hacerlo y el acceso de las autoridades.

Regula la sucesión voluntaria pactada o contractual en las Illes Balears. Ordena los pactos sucesorios por islas: Mallorca y Menorca (donación universal y definición) y Eivissa y Formentera (pactos de institución y de finiquito o renuncia).

Aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía y reducir el consumo de gas natural, en el marco del plan «+SE». Incluye cambios en el bono social térmico y eléctrico, flexibilización de contratos de suministro, impulso al autoconsumo y medidas fiscales. También fija un incremento retributivo adicional para el personal del sector público en 2022 y reduce las jornadas cotizadas para el subsidio agrario por la sequía.

Reforma la Ley Concursal para adaptarla a una directiva europea. Regula los planes de reestructuración preventiva de empresas con dificultades, la exoneración de deudas de personas físicas y el régimen de inhabilitaciones. También ordena los procedimientos de insolvencia para hacerlos más eficientes.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Modifica la Ley Foral del Derecho a la Vivienda de Navarra para ampliar la vivienda protegida y asequible. Crea el Registro de Contratos de Arrendamiento y regula la declaración de zonas de mercado residencial tensionado con contención de precios.

Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.

Modifica la normativa que regula los contratos de compraventa de leche y el reconocimiento de organizaciones de productores e interprofesionales del sector lácteo. Aclara obligaciones de contrato según dónde esté el comprador, fija un plazo para rechazar ofertas de contrato y precisa reglas sobre tolerancias, adendas y contratos simultáneos.

Establece medidas urgentes para mejorar la contratación pública en Extremadura y favorecer la reactivación económica. Regula la ponderación del precio, los umbrales de ofertas anormalmente bajas, la revisión de precios en obras públicas y los retrasos por falta de suministros.

Regula la actividad de prestación de servicios de recarga energética para vehículos eléctricos. Establece los derechos y obligaciones de los operadores de puntos de recarga y de las empresas proveedoras de servicios para la movilidad eléctrica, y fija el régimen de autorización de infraestructuras de más de 250 kW.

Modifica tres leyes catalanas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Cambia artículos sobre el derecho a la vivienda, las medidas urgentes frente a la emergencia y la pobreza energética, y la protección de personas en riesgo de exclusión residencial.

Modifica normas del transporte de mercancías por carretera para mejorar la sostenibilidad del sector y el funcionamiento de la cadena logística. También regula el desplazamiento de conductores en el transporte internacional y permite revisar de forma excepcional los precios de contratos públicos de obras.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Modifica el Código civil de Cataluña para incorporar dos directivas europeas sobre contratos de compraventa de bienes y de suministro de contenidos y servicios digitales. Regula la conformidad de los bienes y servicios digitales, los plazos de responsabilidad y los derechos del comprador o adquirente.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Establece un régimen especial para conceder subvenciones y ayudas en materia de vivienda en las Illes Balears, con bases reguladoras y reglas de gestión propias. También modifica varias normas de vivienda, como la Ley 5/2018, para agilizar trámites y regular el derecho de retracto en transmisiones entre grandes tenedores.

Establece medidas urgentes para proteger a los consumidores frente a la subida de precios de la electricidad y el gas natural. Aumenta los descuentos del bono social eléctrico y mejora el bono social térmico, y refuerza la transparencia y supervisión en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas.

Modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para crear nuevas infracciones y sanciones en el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y para luchar contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera. También cambia otras normas sobre gestión del transporte y las infraestructuras.