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El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Regula la duración del contrato y su renovación, y coordina estos cambios con la prórroga extraordinaria ya prevista. Incluye un régimen transitorio para los contratos que ya están vigentes.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

Regula en Navarra el alquiler de habitaciones dentro de una vivienda. Distingue entre el alquiler de habitación para vivienda habitual, el de temporada y el contrato de hospedaje, y fija reglas propias para cada uno. También crea un registro de contratos de arrendamiento de vivienda.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley de Cataluña 11/2025, de 29 de diciembre, de medidas en materia de vivienda y urbanismo. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, sobre medidas urgentes en materia de transporte. La convalidación se acuerda conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, que establecía medidas en materia de alquiler como respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece medidas urgentes para el transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril ante la subida de costes energéticos. Incluye ayudas directas a empresas ferroviarias y modifica la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías y la Orden FOM/1882/2012.

Establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler de vivienda habitual que terminen antes del 31 de diciembre de 2027. También limita la subida anual de la renta al 2 % hasta esa fecha, y en todo caso si el arrendador es un gran tenedor.

Modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para permitir que varias empresas que presentan una oferta conjunta sumen sus requisitos de solvencia técnica, profesional y económica. También actualiza la normativa sobre licencias de piloto de ultraligero y sobre el uso de aeronaves ultraligeras motorizadas (ULM).

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 4/2026, de 10 de febrero, que garantizaba la accesibilidad equitativa a bienes y servicios en situaciones de emergencia. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2022. Los recurrentes desistieron de impugnar los artículos 1.1, 1.4 y 2.1, y el recurso se limita a los artículos 10, 29.1 y 29.4. La sentencia analiza si esos preceptos respetan los límites de los decretos-leyes.

Aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica. Sustituye y actualiza la normativa anterior sobre contratación, suministro y protección del consumidor eléctrico. Regula también la figura del agregador independiente y el intercambio de datos entre los sujetos del sector.

Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para proteger el acceso a bienes y servicios esenciales durante emergencias. Permite limitar temporalmente los precios cuando una emergencia altere la oferta y la demanda. Incluye medidas para los servicios afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de las Illes Balears contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos que permiten usar suelos dotacionales para vivienda pública, imponen publicidad y transparencia en la demanda de vivienda y fijan requisitos para las demandas de desahucio de grandes tenedores.

Actualiza las normas contables de las entidades de crédito para alinearlas con las normas internacionales de información financiera adoptadas en la Unión Europea. También modifica la normativa sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.