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Cambia qué unidad del Ministerio de Agricultura se encarga de tramitar las subvenciones para programas de formación dirigidos a profesionales del medio rural. Esa función pasa a la Dirección Técnica de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, que también asume la secretaría de la comisión de valoración.

Modifica la norma que regula las autorizaciones de plantación de viñedo para adaptarla a un reglamento europeo. Amplía plazos de vigencia de autorizaciones de nueva plantación, replantación y conversión de derechos, y permite renunciar a ellas sin penalización.

Establece los límites para aplicar el régimen simplificado y el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Modifica la Ley 4/2012 para coordinar estos regímenes con el método de estimación objetiva del IRPF. Fija un plazo para comunicar a la Agencia Tributaria Canaria la inclusión en estos regímenes.

Establece las disposiciones específicas para aplicar en 2021 y 2022 los cuatro reales decretos que regulan en España los pagos directos y ayudas de la Política Agrícola Común. Modifica esos reales decretos para adaptarlos a esos dos años.

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para reducir el coste del agua de riego agrícola obtenida por desalación y por extracción de pozos y galerías. La subvención se financia con cargo a los presupuestos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Establece medidas urgentes ante la crisis del sector agrario, con normas sobre las relaciones entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios.

Establece dos nuevas cualificaciones profesionales de la familia Agraria y las incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También actualiza, suprime y modifica parcialmente otras cualificaciones agrarias ya existentes en ese catálogo.

Declara que las ayudas del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019 se aplican a varias situaciones catastróficas ocurridas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Estas ayudas son subvenciones para que las entidades locales reparen infraestructuras y servicios dañados.

La ley regula la recuperación y protección del Mar Menor, en la Región de Murcia. Crea órganos de coordinación y asesoramiento, y fija normas sobre urbanismo, vertidos, agricultura, ganadería, pesca, puertos, turismo y minería en su entorno. Incluye un régimen sancionador.

La ley protege, conserva y pone en valor los olivos y olivares monumentales de Cataluña. Crea un catálogo y una comisión técnica, regula restricciones y acuerdos con los titulares, y prohíbe actuaciones contra estos árboles. También fija un régimen sancionador y medidas de financiación y promoción.

Establece medidas para hacer frente a la COVID-19 en Cataluña: control y publicidad de los pagos por adelantado de suministros, ayudas directas para planes de reactivación socioeconómica en empleo, una línea extraordinaria de formación, ayudas al mantenimiento del empleo en microempresas y autónomos, apoyo a la economía social y medidas de movilidad para la campaña agraria.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Establece las bases para dar subvenciones a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que sufrieron daños en su producción por temporales y otras catástrofes, y convoca estas ayudas para 2020. Se aplica a las zonas declaradas afectadas por emergencia de protección civil.

Establece las bases para dar subvenciones a titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos de la explotación causados por temporales y otras catástrofes, y convoca las ayudas del ejercicio 2020. Regula requisitos, solicitud, cálculo de la ayuda y reintegro.

Establece ayudas urgentes de la Junta de Extremadura para mantener y recuperar el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye subvenciones para personas autónomas, microempresas, centros especiales de empleo, trabajadores por cuenta ajena afectados por regulaciones temporales de empleo, el ámbito agrario y empresas turísticas.

Aprueba el Reglamento sobre el acceso a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, y a los cultivados para otros fines. Desarrolla el título IV de la Ley 30/2006 y regula el acceso, las medidas de control, una comisión nacional y el fomento de los derechos de los agricultores.

Establece las bases para subvencionar el coste de los avales de SAECA que necesitan los titulares de explotaciones agrarias afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales para obtener préstamos con los que financiar sus explotaciones. Además, convoca estas subvenciones para el ejercicio 2020.

Establece medidas urgentes y temporales para asegurar que haya suficientes trabajadores en las labores agrarias durante la crisis del COVID-19. Regula quién puede acogerse a la flexibilización laboral, la compatibilidad de prestaciones y las obligaciones de las empresas.

Regula la vitivinicultura en Cataluña: el cultivo de la viña, la elaboración del vino, las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, el control oficial y el régimen sancionador. También crea el Instituto Catalán de la Viña y el Vino y establece medidas de fomento del sector.