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Desarrolla las potestades de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) previstas en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Regula los registros oficiales de la CNMV, la cooperación con otras autoridades nacionales y de la Unión Europea y la supervisión de las empresas de servicios de inversión.

Modifica el Reglamento que desarrolla la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para adaptarlo a cambios legales recientes y a una directiva europea. Incorpora la obligación de que las sociedades gestoras de fondos tengan en cuenta los riesgos de sostenibilidad en sus procesos y controles internos.

Regula la concesión directa de una subvención a Spain Film Commission dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ayuda se enmarca en el componente 25, dirigido a convertir España en un centro audiovisual europeo (Spain AVS Hub).

Establece las condiciones del sexto tramo de la línea de avales públicos para financiar inversiones de empresas y autónomos. El tramo asciende a 15.000 millones de euros y el Estado avala la financiación que conceden las entidades financieras.

Modifica la normativa sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Actualiza las reglas sobre las tablas biométricas que se usan para calcular las provisiones técnicas en seguros de vida y decesos, y crea una comisión técnica de análisis de sus hipótesis.

Modifica el reparto de los avales públicos del primer tramo de la línea de financiación a empresas y autónomos. Desde el 1 de noviembre de 2020, los importes de aval asignados y no usados por las entidades se reparten por orden de petición.

Modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones y la normativa de seguros para completar la incorporación al derecho español de dos directivas europeas sobre fondos de pensiones de empleo y sobre la implicación a largo plazo de los accionistas.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 8.000 millones de euros. El Estado, a través del ICO, avala financiación que las entidades financieras conceden a empresas y autónomos para liquidez e inversiones. También amplía hasta el 1 de diciembre de 2020 el plazo para solicitar avales anteriores.